La suerte judicial del fiscal federal Carlos Stornelli, involucrado en una trama de extorsión que destapó una denuncia contra el agente Marcelo D’Alessio, está atada hoy por hoy a un hombre que suele manifestarse en sintonía con los intereses del Gobierno: el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal. Se trata del sucesor de Alejandra Gils Carbó, quien tuvo que dejar el cargo por una fuerte presión de la Casa Rosada. A la luz de estos -y otros- acontecimientos, están claros los motivos de ese corrimiento. Desde que se transformó en la cabeza del Ministerio Público Fiscal (MPF), Casal se encargó de enviar señales al Poder Ejecutivo para no ser apartado y hacer de su interinato un trabajo estable.
¿Por qué el procurador tiene un rol clave en este caso? Simplemente, porque si Stornelli decide no presentarse a declarar será necesario el aval de Casal para que el fiscal pueda ser investigado. Es él, como jefe de los fiscales, quien determina si se habilita o no un jury de enjuiciamiento, paso necesario para que un fiscal pierda el cargo y así la inmunidad -que tiene todo funcionario judicial- para poder ser investigado.
La columna de Franco Mizrahi en Navarro 2019:
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Por ejemplo, el titular de la fiscalía federal N°4 no puede sufrir en su contra medidas restrictivas contra su libertad. Stornelli podría no concurrir al llamado a indagatoria que le realizó el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. El magistrado que investiga a una red de espías, orgánicos e inorgánicos, que articulaban con funcionarios del poder judicial para realizar extorsiones -y que contaría con el apoyo de determinados medios de comunicación- lo citó para el próximo 7 de marzo. No está claro que el acusado concurra. El ex secretario de seguridad de Boca exige que su caso se investigue en los tribunales de Comodoro Py, donde se siente contenido (no faltan quienes aducen que una pesquisa contra su persona en el edificio de Retiro no gozaría de imparcialidad).
¿Qué sucede si Stornelli no se presenta en Dolores? Ramos Padilla no puede más que ordenar que se motorice su jury considerando que la inmunidad de la que goza el fiscal obstruye el avance de la causa respecto a lo que él concierne, que no es poco. De allí los distintos pedidos del juez a Casal.
En este contexto, para que avance el juicio político la función del titular del MPF es determinante. Y Casal ya demostró que está dispuesto a cerrar filas en torno a Stornelli. A pesar del pedido de Ramos Padilla, en dos ocasiones rechazó abrir un expediente administrativo en torno al fiscal. Recién el 28 de febrero accedió a iniciar una investigación interna -y fue pocas horas después de haber emitido una resolución en la que se negaba a hacerlo-. Pero ese fue apenas el primer paso de un itinerario extenso y repleto de arbitrariedades.
De acuerdo a la ley orgánica del MPF y resoluciones complementarias, una vez abierto el expediente, el procurador corre vista al fiscal acusado para que este realice su descargo. Ante la respuesta, la cabeza del MPF analiza si considera pertinente consultar a un consejo evaluador, que está compuesto por 5 fiscales generales. Y no tiene plazo para hacerlo. De inclinarse por esta vía, estos emiten su opinión, que no es vinculante. Con esos elemento, el jefe de los procuradores define si hay que abrir un sumario. De rechazarlo, cierra el caso. De aceptarlo, elige a dedo un fiscal de entre todos los que integran el MPF para que sea el sumariante, es decir, el que recopile la prueba y emita un juicio sobre el acusado. Este tiene 60 días para resolver. Esa decisión vuelve al consejo evaluador, que nuevamente deberá expedirse sobre el caso. Y finalmente, con todos esos elementos, el procurador resuelve si inicia o no un jury contra el acusado. Tampoco tiene un tiempo determinado para hacerlo. Después de todos estos pasos, es que podría comenzar un juicio político, que estará a cargo de un tribunal de enjuiciamiento.
Por este mecanismo, y ante la expectativa de que Stornelli no se presente en Dolores, los ojos se posarán sobre Casal. Y ya no son pocos los fiscales que cuestionan por lo bajo la doble vara que tuvo el procurador general interino cuando le tocó abordar denuncias contra otros fiscales, sobre todo, aquellos que “molestaban” (y lo siguen haciendo) con sus resoluciones al Gobierno.
Se descuenta que desde el Poder Ejecutivo dejarán hacer a Casal, a sabiendas de que si repite su accionar del último tiempo, el blindaje de Stornelli está asegurado.
Doble vara
La lentitud de Casal para impulsar una investigación interna contra Stornelli choca de frente con la celeridad que mostró para desplazar o iniciar expedientes administrativos contra fiscales que incomodaban al Poder Ejecutivo.
Aún está fresco el abrupto corrimiento de Juan Pedro Zoni de la fiscalía desde la que impulsaba la causa penal del Correo que involucra al presidente Mauricio Macri. Algo similar sucede con el caso de Gabriel De Vedia, desplazado de la UFISES, desde donde denunció a distintos funcionarios del gobierno nacional y la preocupante situación del FGS.
Pero esto no es todo. A contramano de sus primeras reacciones en torno a Stornelli, Casal impulsó expedientes administrativos contra la fiscal general del fuero Comercial que destapó el Correogate, Gabriela Boquin; contra el fiscal de la PIA, Sergio Rodríguez; contra el colega de Stornelli en Comodoro Py, Federico Delgado; contra Enrique Senestrari. Y la lista continúa. En todos los casos, se trataron de acusaciones que no alcanzaban en tenor ni la décima parte de lo que esconde el caso que se investiga -por ahora- en la justicia federal de Dolores.
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