“Existen personas declaradas como aportantes y que no habrían realizado el aporte”. La frase podría ser de Juan Amorín, el periodista de El Destape que reveló la existencia de aportantes truchos a la campaña 2017 del PRO en la provincia de Buenos Aires. Pero no. Se trata de una auditoría que hizo el Poder Judicial sobre la rendición de cuentas de Cambiemos en 2015, en las elecciones que llevaron a Mauricio Macri a la presidencia. El Destape accedió a ese documento que muestra que la utilización de afiliados y aportantes truchos no es nuevo. A esto, se suman nuevas evidencias de que el comando de esta maniobra estuvo en manos de María Eugenia Vidal, cuya dupla con Maria Fernanda Inza es indivisible, y que confesó esto de forma implícita al poner su defensa púbica en manos de los escribas periodísticos macristas que intentan desligarla de este escándalo.
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Los aportantes truchos, tal como anticipó El Destape, no son algo nuevo. Desde que el periodista Juan Amorín reveló decenas de casos correspondientes a las elecciones bonaerenses 2017 la sospecha fue una sola: ¿fue una mecánica nueva o la reiteración de esta metodología? El Destape accedió a auditorías del 2015 que demuestran que se trata de lo segundo.
Las cuentas 2015 del PRO, junto a la de los demás partidos, fueron cuestionadas y sus balances aún no fueron aprobados. De hecho, la jueza María Romilda “Chuchi” Servini de Cubría, que tiene a su cargo el juzgado electoral con competencia nacional, no aprobó las rendiciones de cuentas de las alianzas electorales de la campaña en la que compitieron Mauricio Macri y Daniel Scioli.
Pero no se trata solo de la posición de la “Chuchi”, sino que El Destape accedió a la auditoría de la alianza Cambiemos y encontró un dato crucial para la actualidad: la existencia y entonces de aportantes truchos.
“En función de lo manifestado, es preciso advertir, que existe incertidumbre en la información brindada por la agrupación debido a que existen personas declaradas como aportantes y que no habrían realizado el aporte”, advierte el auditor Nicolás Augusto Haddad en el documento que hoy muestra El Destape.
Lo hace en un apartado vinculado a una denuncia de Jorge Alberto Mas, que en su momento tuvo mínima cobertura mediática. Mas, a quien también entrevistó El Destape hace unos días, planteó en 2016 ante la Justicia que figuraba como aportante pese a que no había depositado un peso en las arcas de Cambiemos. Lo hizo público y lo ratificó en una denuncia que aún transita tribunales. ¿Qué hizo Cambiemos? Cuenta el auditor Haddad: “La agrupación de autos presenta un Informe Final rectificado del que surge que la única modificación es el reemplazo de un aportante originalmente informado como Jorge Alberto Mas con un aporte de $50.000,00 por el Sr. Pablo Torello por el mismo monto de aporte”. Torello es productor agrupecuario y diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires. Ergo, cambiaron un aporte trucho por el nombre de un candidato y pensaron que liquidaban el asunto.
Pero no. El mismo auditor advierte que Mas, el denunciante, indicó en su declaración jurada que había otros casos, como los de Maximiliano Pilmartini y Claudio Fadón. “Asimismo -relata el auditor- se le suma una nota periodística donde la Concejal Adriana Perez manifiesta que tampoco aportó dinero a la campaña bajo análisis”.
“Por lo expuesto precedentemente, se observa que en el Informe Final rectificado continúan apareciendo como aportantes los Sres. Maximiliano Pilmartiri y Claudio Fadón a pesar de la declaración testimonial del Sr. Jorge Alberto Mas”, sintetiza el auditor.
En conclusión: que en 2015, en las elecciones que llevaron a Macri a la presidencia, también hubo aportantes truchos.
Un dato muestra, además, cierta diferencia en la Alianza Cambiemos. El auditor informa que de los informes de campaña de los 7 partidos que integraron Cambiemos, el único con dictamen desfavorable es el PRO. Los demás, la UCR, el Consevador Popular, la Coalición Cívica – ARI y el Demócrata Progresista tienen dictamen favorable. El Partido Fe, que comandaba Gerónimo “Momo” Venegas, favorable con salvedades. El Partido Del Dialogo no presentó informe final.
¿Le pagaron a Duran Barba?
La auditoría de los gastos de Cambiemos en 2015 descubrió otra anomalía vinculada al asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba. La incógnita que sobrevuela el rol de Durán Barba es: ¿quién le paga? Macri, por lo pronto, no lo incluyó en la rendición de cuentas.
El auditor de las cuentas PRO de 2015 recuerda que, en publicaciones periodísticas, Durán Barba figura como el principal asesor de campaña de Macri. Sin embargo, advierte que el apoderado de Cambiemos aseguró que “no contrató ni directa o indirectamente los servicios del mencionado asesor de campaña”. Al siguiente párrafo, el auditor cita una nota en el diario La Nación donde José Torello, el apoderado del PRO, dice que Durán Barba "asesora gratuitamente por una relación de amistad con el Presidente”.
Esta situación -de por sí poco creíble dado que Durán Barba se dedica profesionalmente a la asesoría de campaña y, por ende, cobra por eso -, fue señalada por el auditor, que citó un fallo de la Cámara Nacional Electoral que sostiene que “en casos de gratuidad, se debe estimar los honorarios en base al valor y prácticas de mercado y declararlos como donación en especia y como gasto”. O sea, suponiendo que Durán Barba trabajara gratis, tenían que registrarlo. Pero, por si fuera poco, el auditor llama la atención sobre otro punto, y es que como Durán Barba es ecuatoriano tendría prohibido donar a la campaña si no tiene domicilio o residencia en el país, tal como establece el artículo 15 inciso f de la ley de financiamiento de los partidos.
De cabeza en la laguna
En su primera respuesta tras la revelación de este escándalo, Vidal le echó la culpa a las “lagunas” en la ley de financiamiento de los partidos políticos, que permite pero no obliga que los aportes se hagan en efectivo . Luego de las “lagunas” le tocó el turno a Maria Fernanda Inza, persona de su extrema confianza.
La renuncia preventiva de Inza no es una muestra de transparencia, sino un evidente movimiento de reducción de daños que, a esta altura, pinta inocuo. Las pruebas que se acumulan tanto en los expedientes judiciales como en las investigaciones periodísticas apuntan a Vidal como responsable de la ejecución de este plan sistemático de robo de identidades para el lavado de dinero que se utilizó para la campaña 2017 del PRO en la provincia de Buenos Aires.
Inza no fue distinta a su partido, del que fue candidata a diputada aunque en el puesto 36, un lugar testimonial ya que tenía un rol importante en la gestión Vidal. Según las planillas de aportes a la campaña 2017, Inza aportó 87.000 pesos. De esos, 75.000 fueron en efectivo y apenas 12.000 vía transferencia bancaria. Es decir, la tesorera del PRO bonaerense hizo el 86,2% de sus aportes en efectivo. Un porcentaje similar al del total de aportes en efectivo a la campaña que lideró Vidal en 2017. Inza es la tesorera, Vidal la presidenta del partido que se tiró de panza en esa laguna..
La declaración jurada de Inza muestra su predilección por el efectivo. Reporta depósitos bancarios por 280.000 en pesos y 50.879 en dólares y dinero en efectivo por 360.000 pesos y 947.400 en dólares.
“Feliz cumple a nuestra Gobernadora @mariuvidal !Todo valió, vale y valdrá la pena!#elequipodelasboletas”, publicó Inza en su cuenta de Twitter el 8 de septiembre de 2016. Lo acompañó con fotos del equipo de campaña de Vidal. Es una de las tantas muestras de la cercanía que une a Vidal con Inza y que demuestran que no se trata de una simple contadora. De hecho, en la misma cuenta de Twitter hay buena cantidad de fotos de Inza durante los timbreos PRO, muchas de ellas en los municipios donde viven decenas de aportantes truchos.
Inza trabajó en el Estudio Tokatlian entre 1989 y 2002. En 2003 abrió junto a varios colegas la Consultora Estrategia y Gestión, que mantuvo según ella hasta el 2010. En el interín, en 2007, ingresó al Gobierno porteño, puntualmente al Instituto de Juegos de Apuestas de la ciudad. Al poco tiempo pasó al Ministerio de Espacio Público que comandaba Juan Pablo Piccardo, recordado por su predilección en la represión de personas en situación de calle. Inza fue su auditora interna.
Pero el paso al entorno de Macri y Vidal llegó en 2008, cuando asumió como Directora General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica porteña. Ese área se encarga de los gastos de la Jefatura de Gobierno. Es decir, es de máxima confianza.
En 2012 pasó a desempeñarse como jefa de Gabinete de la Secretaría Legal y Técnica que comandaba Pablo Clusellas, hombre de confianza de la familia Macri en sus empresas y que es uno de los apoderados del PRO bonaerense al momento del escándalo de los aportantes truchos. Cuando Macri y Clusellas pasaron al Gobierno Nacional, Inza fue con ellos.
En 2016, Vidal convocó a Inza para que fuera su Secretaria Legal y Técnica provincial. Su antecesor es Julio Conte Grand, a quien Vidal colocó al frente del Ministerio Público Fiscal bonaerense.
A partir de ese momento, el vínculo estrecho entre Vidal e Inza se profundizó. Ambas encararon la reactivación del PRO en la provincia de Buenos Aires, Vidal como presidenta e Inza como su tesorera. Gobernadora-Secretaria Legal y Técnica más Presidenta-Tesorera, una dupla indivisible y donde debe reinar la más absoluta confianza. En la provincia, porque de ese tándem depende la legalidad se los actos de gobierno; en el partido, porque son la cabeza de la organización y responsables, según la ley, de acreditar el origen y destino de los fondos que reciben.
Pese a que los voceros periodísticos de Vidal se las rebuscaron para desligarla del escándalo, la cronología los desmiente. La primer nota que reveló este escándalo se publicó en este medio el 17 de junio pasado. A los pocos días, Vidal impulsó a Inza para el cargo de Contadora General de la provincia de Buenos Aires, ergo, para que le maneje todas las cuentas. En el interín, la senadora provincial Teresa García ya había denunciado a Vidal e Inza, entre otras, como responsables de toda esta maniobra. Para Vidal y sus senadores, sin embargo, no importó. “Nosotros confiamos en las tres personas que proponemos y ni hablar en Fernanda, con la cual venimos trabajando hace tiempo y la conocemos en su capacidad, su idoneidad, su honestidad y su transparencia”, sostuvo el senador Roberto Costa, que fue el vocero de Vidal en la sesión donde se aprobó el nombramiento de Inza para Contadora General. Esto fue el 11 de julio, 24 días después de que se conociera el caso de los aportes truchos. El mismo día, Vidal firmó el decreto para el cambio de tarea de Inza, pero recién se publicó el Boletín Oficial bonaerense el 17 de julio. Al día siguiente, le pidió la renuncia en forma preventiva.