En estos 12 meses se ha agravado la situación de los derechos humanos, porque hay presos políticos y porque se ha profundizado la vulneración de los derechos sociales, económicos y culturales de la población.
Los organismos de DD.HH hemos tenido que escuchar de boca de funcionarios que se ponga en duda el número de víctimas de la dictadura, muestra del negacionismo que impera en un sector del Gobierno.
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A pesar de que el Ejecutivo declara a la prensa que los juicios por delitos de lesa humanidad continuarán, ha desmantelado las políticas que los garantizan, como el acompañamiento a testigos y la investigación para las causas, despidió a trabajadores de sus programas, retiró querellas, se reunió con agrupaciones de genocidas que piden amnistía, y no cesó en su intento de apartar a la Procuradora Alejandra Gils Carbó, quien potenció la actuación del Ministerio Público en estas causas.
La impunidad sigue a la orden del día por la lentitud de los juicios en curso, la falta de conformación de tribunales y de confirmación de condenas para los represores.
Las causas por la complicidad civil con la dictadura están cajoneadas. Blaquier, Massot, Bottinelli, Mitre, Magnetto, y los socios de Martínez de Hoz en Acindar, caminan libres por las calles.
El Poder Legislativo tiene pendiente la constitución de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura, que debería haberse puesto en funcionamiento en marzo de este año. A pesar de los reclamos a la Presidenta del Senado, Gabriela Michetti, y al Presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, todavía no se ha conformado.
Mientras a los genocidas los favorecen con prisión VIP o domiciliaria, ha aumentado la violencia institucional y el hostigamiento de las fuerzas de seguridad contra los sectores populares, principalmente los jóvenes.
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La flagrante violación del Estado de Derecho en Jujuy se ha convertido en un escándalo internacional. La detención arbitraria de Milagro Sala y de sus compañeros debe terminar. El Gobierno tiene que hacer efectiva la resolución de la ONU y los pedidos de la OEA y la CIDH, y liberarlos. Sala hace un año es una presa política de Gerardo Morales y Macri.
En un año de Macri, nuestro pueblo ha visto atacado su derecho al trabajo, con miles de despedidos y una fuerte pérdida del valor del salario; se ha implementado un modelo basado en la exclusión que ha generado millones de pobres; se ha hipotecado el futuro de generaciones de argentinos en base a un endeudamiento externo colosal e irresponsable; se han vaciado áreas y programas de educación, cultura y salud pública; se redujo el presupuesto para la ciencia y la tecnología, y la lista podría seguir.
Ahora, en un agravio más, pretenden convertir el 24 de marzo, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en un feriado móvil.
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Y más de 300 jóvenes continúan apropiados, sin conocer su historia, sin poder abrazarse con sus familias.
No obstante, seguimos en la tarea que por década venimos realizando de manera inclaudicable por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
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