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Desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia, y bajo el pretexto de la "modernización" del Estado, llevó a cabo un ajuste del personal que afectó áreas sensibles. Así, oficinas dedicadas a investigar la dictadura fueron cerradas tanto en el Banco Central como en el ministerio de Justicia y en la Unidad de Información Financiera (UIF).
Según consigna el matutino Buenos Aires Herald, el resultado de las decisiones del nuevo gobierno es negativo, sobre todo en lo concerniente a investigar las responsabilidades civiles del golpe, y del sector empresarial en particular.
La fiscal del juicio por la causa ESMA, Mercedes Soiza Reilly, subrayó que las políticas actuales "amenazan la continuidad de los juicios". "Da la impresión que el Gobierno no está metido en la tarea", confesó.
Una fuente del ministerio de Seguridad le confió a ese medio que los informes relacionados con el accionar de las fuerzas de seguridad en la última dictadura, que servían de insumo para los juicios, se realizan con menos frecuencia. El abogado y periodista Pablo Llonto confirma esa información: "La eliminación o el ajuste en los equipos de trabajo se están empezando a ver y ya no publican la información con la regularidad con la que lo hacían".
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