La historia viene de lejos y está llena de detalles y de dimes y diretes. Aquí la contaremos de la manera más sintética posible, pero sin descartar nada de lo importante. Los CEOs de la Alianza Cambiemos siempre se presentaron a sí mismos como los campeones del libre mercado. Cabía esperar entonces que el cambio del gobierno “confiscador”, ese que recuperó el control del capital accionario de YPF y estableció retenciones móviles a las exportaciones de crudo, traería algo más que la simple dolarización tarifas y la percepción de precios plenos, es decir, liberados de los filtros arancelarios, la vieja ambición de las variopintas empresas del sector energético. Todo parecía simple: dolarizar, eliminar retenciones y desregular, “el mercado” haría el resto. En pocas palabras, con Cambiemos llegaría el reino de la libertad capitalista y se enseñorearía la libre competencia empresaria.
Macri no dejó dudas de sus intenciones y puso al frente del área energética, inicialmente ascendida a ministerio, al primus inter pares de la oposición petrolera al kirchnerismo, el ex CEO de Shell Argentina Juan José Aranguren. La tarea dolarizadora fue rápida. El resto no tanto.
Detengámonos en el mercado gasífero, que es el que brilla por su pastiche de estos días. Cuando se habla sobre el particular con cualquier especialista aparece como “algo muy complicado”, complicación que no es tal, sino gran variedad. Aunque tiene un precio de referencia internacional, como por ejemplo el “Henry-Hub”, el gas no se puede almacenar en grandes cantidades. Esto hace que no sea exactamente una “commodity” con precio único y existan infinidad de tipos de contratos de compra-venta delimitados generalmente por la “ininterrumpibilidad” o no de la provisión. Más ininterumpible, más caro el precio.
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Sucede que en los momentos de alta demanda, como por ejemplo en invierno y, durante el gobierno anterior, también en el verano, se debe inyectar la producción a los gasoductos troncales que abastecen, por ejemplo, las centrales térmicas de generación eléctrica y a las distribuidoras, obviamente mayormente “ininterrumpibles”. Para colmo existe una empresa mixta, Cammesa, que intermedia con las productoras licitando compras para las generadoras, distribuidoras y grandes usuarios. Y un detalle más para complicar la formación de precios: los subsidios cruzados de todo tipo. Solamente trabajando todos los días en el sector se pueden conocer todos los detalles, pero el esquema general y los actores en disputa son los descriptos.
Durante el kirchnerismo, para estimular vía precios la producción de los hidrocarburos no convencionales, cuya producción es más cara que la convencional –demanda un reticulado de pozos de varios tipos (verticales y horizontales) y fractura hidráulica, a lo que suma la menor duración de los yacimientos– se recurrió a los denominados “programas plus” que luego, para el sector gasífero, tomaron la forma del Plan Gas. Básicamente se establecía una producción base de los yacimientos y, por el gas excedente, es decir por toda la producción nueva que se sumara a la existente, se pagaba un precio más alto, un subsidio a cargo del Estado Nacional. El objetivo macroeconómico era producir más localmente e importar menos. Además, a diferencia de las importaciones, el subsidio demandaba pesos, no dólares. Un dato de color, que pocos recuerdan, es que cuando Axel Kicillof manejaba el área y Aranguren era el CEO de Shell, el segundo felicitó al primero por el diseño del Plan Gas.
Con el Plan Gas, entonces, el Estado subsidiaba la producción nueva. Fueron los tiempos de auge de yacimientos de YPF como “El Orejano”, por entonces el no convencional más importante del mundo fuera de América del Norte.
La línea de base del Plan Gas era lo que los yacimientos ya producían. Luego, la diferencia de precio, el subsidio, se pagaba sobre el gas nuevo hasta completar los 7,5 dólares el millón de BTU. Eran los tiempos en que las importaciones llegaban hasta los 18 dólares. El plan tenía además un componente adicional, un acuerdo político, el compromiso social de mantener empleos y actividad.
Con coherencia, Aranguren mantuvo lo que antes había elogiado a través de la Resolución 46/2007 que además incluía un sendero descendente para los subsidios. Comenzaban en 7,5 dólares en 2018, siempre para el millón de BTU, y se reducían cincuenta centavos por año. El subsidio no era para siempre, un buen dato.
Pero lo bueno quedó en los papeles. En la práctica hubo un redireccionamiento discrecional de los subsidios. Una característica del nuevo esquema fue que también podían entrar al régimen proyectos que comenzaran de cero. De los 15 proyectos que presentó la provincia de Neuquén sólo se eligieron 5 y uno de ellos, Fortín de Piedra, de Tecpetrol, la petrolera de Paolo Rocca, uno de los empresarios que más hizo por la restauración neoliberal junto a Héctor Magnetto, se llevó el 70 por ciento del total de los subsidios. También se aprobaron dos proyectos de YPF, La Ribera y Estación Fernández Oro. Y uno a la petrolera de Eduardo Eurnekian, otro sponsor del macrismo primigenio. En Fortín de Piedra, Tecpetrol dice haber invertido más de 1.500 millones de dólares, lo que lo convirtió en la explotación estrella de shale gas de la formación Vaca Muerta y en el yacimiento más importante del país. Su producción declarada superó en 2018 los 17 millones de metros cúbicos por día, contra, por ejemplo, los alrededor de 5 millones que produce El Orejano, el más importantes de YPF.
Mientras tanto, el acuerdo social del Plan Gas fue reemplazado por la flexibilización laboral negociada, a modo de leading case, con el sindicato petrolero que conduce el senador por el Movimiento Popular Neuquino Guillermo Pereyra.
Los 17 millones de metros cúbicos por día de Fortín de Piedra no sólo generaron una súper masa de subsidios para la familia Rocca, experta en relaciones con el Estado, sino también un segundo efecto inesperado, una sobreoferta de gas que “enrareció” el mercado. Las últimas licitaciones convocadas por Cammesa, por ejemplo, fueron ganadas por Tecpetrol. La firma podía además ofrecer un precio bajo no sólo por la abundancia de su producción, sino porque en la otra punta tenía asegurado el subsidio. Este precio rondó los 2,8 dólares el millón de BTU, aproximadamente el valor del Henry Hub en Estados Unidos. Para enojo del resto de las operadoras la “competencia en el mercado” quedó absolutamente distorsionada.
Mientras tanto, la sobreoferta del verano, de la que no se enterarán los consumidores residenciales, que pagan entre 6 y 7 dólares el millón de BTU, también respondió a otro fenómeno puramente macrista: la caída del consumo por la recesión y los altos precios. Sin embargo, es posible que en invierno vuelva a verse algún barco regasificador muy parecido al que se despidió con bombos y platillos en los breves tiempos del ministro-secretario Javier Iguacel, el compensador, aunque el gobierno hará lo imposible por evitar el papelón.
Pero la cadena de la felicidad de los subsidios que habilitó el auge de Fortín de Piedra llegó a su fin. La culpa la tuvo el lápiz rojo del FMI, que provocó un cambio de las reglas de juego e hizo volar por los aires la sacrosanta “seguridad jurídica”. Rocca seguramente sabe que la culpa no es de la voluntad de su amigo Mauricio, pero tiene el derecho de su lado y amenazó con juicios mil millonarios en dólares al Estado y con recortar la producción. Rápidamente, Guillermo Pereyra salió en apoyo de la demanda empresaria y se esperan conflictos gremiales que no aparecieron con la flexibilización laboral.
Al nuevo secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, le quedó la papa caliente de resolver el entuerto. La decisión del gobierno fue bajar los subsidios a la mitad de la producción de Fortín de Piedra. Ya no pagará por los 17 millones de metros cúbicos, sino por 8,5. Tecpetrol no quedó en Pampa y la vía, pero se le redujo drásticamente su margen de negocios. Para el resto de las operadoras fue un alivio que, quizá, balancee la competencia en el mercado interno. Cualquiera sea el caso, la pelea entre Tecpetrol, el gobierno y el resto de las operadoras recién comienza.-
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