Las declaraciones del jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, volverán a debatirse en el Congreso nacional: el viernes se presentó un proyecto de ley para sancionar con multas y reclusión en prisión a quiénes nieguen cualquier genocidio. Las penas serán mayores para los funcionarios.
“Parece haber una campaña orquestada para lograr la libertad de los condenados por crímenes de lesa humanidad. Minimizar al genocidio ayuda a crear un clima donde se considere normal lo que se hizo en la última dictadura”, sostuvo la diputada Nilda Garré, autora del texto.
El proyecto, que ingresó el viernes por la Mesa de Entradas de la Cámara baja, establece que se castigará con prisión de seis meses a dos años y con multa de 10.000 a 200.000 pesos a quien públicamente negara, minimizara o aprobara “cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad”. En el caso de que el negador o negadora fuera funcionario público, la pena sería de “un año a cuatro años de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo que el de la condena”.
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La propuesta está en línea con lo que sucede en otros países del mundo. Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Francia, Grecia, Hungría, Italia, República Checa y Polonia tienen leyes similares. También hay normas parecidas, que fueron citadas en los fundamentos del proyecto, en Bosnia y Herzegovina, Luxemburgo, Lituania, Portugal, Eslovaquia, España, Rumania y Suiza.
“Hay sectores de las Fuerzas Armadas que consideraban que el triunfo de (Mauricio) Macri convertiría en realidad su deseo de libertad para los genocidas. Lo daban por hecho, al menos con una prisión domiliciliaria para todos los casos. Deben tener cierta frustracción. Macri quizas coincida con darles la libertad pero creo que no quiso abrir un nuevo frente de discusión, ya tiene bastantes problemas con la economía”, sostuvo Garré en declaraciones a El Destape.
Garré indicó que Gómez Centurión está vinculado al subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar del Ministerio de Defensa, Hugo Patricio Pierri, y director de Planeamientoal, Jorge García Mantel, quienes también reportan “a la línea dura” de las Fuerzas Armadas.
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En agosto pasado este tema también resonó en el Congreso cuando la diputada nacional Cecilia Moreau, radical en el Frente Renovador, le envió una carta pública al presidente Mauricio Macri por sus declaraciones sobre los desaparecidos. Macri había dicho que no le interesa entrar en ese debate.
“Usted afirmó no tener idea cuántos fueron los desaparecidos ya que eso es 'una discusión" en la que no le interesa entrar y que lo vivido trágicamente en nuestro país durante la dictadura Cívico-Militar fue 'una guerra sucia'", escribió en su primer párrafo Moreau y dijo que esa posición expresaba “una concepción que viene siendo planteada desde hace tiempo por sectores antidemocráticos que insisten en un retorno a la llamada teoría de los dos demonios”.
Esa campaña que olfatea Garré tiene otros eslabones: las reuniones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, con los defensores de represores nucleados en la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia, y la habilitación de la cárcel de Campo de Mayo para alojar condenados por crímenes de lesa humanidad. Esa dependencia fue rehabilitada como penal por el Ministerio de Justicia y su funcionamiento se rige por el reglamento de las Fuerzas Armadas y no del Servicio Penitenciario Federal. Ese lugar había dejado de funcionar en 2013 después de la fuga de dos condenados.
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