La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, pidió la prisión preventiva del expresidente Rafael Correa al asegurar que es el "líder" de una “bien estructurada organización delictiva” dedicada a recibir dineros a cambio de la adjudicación de contratos con el Estado. Así lo definió antes de vincularlo a sobornos entre 2012 y 2016, definirlo como autor de los delitos y pedir un oficio para que Interpol lo capture.
Salazar tuvo once elementos de prueba para avanzar contra Correa, como versiones de ex funcionarios que habrían dado elementos para considerarlo como "jefe" de la causa conocida como Sobornos, según explicó Nodal.
Además, sumó las referencias de "SP", que aludirían a "Señor Presidente", encontradas en archivos y correos electrónicos ubicados en la computadora personal de la asistente de Presidencia, entreo otras.
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La fiscal también hizo mención a un depósito de $6.000 en efectivo en la cuenta personal del expresidente, del 16 de mayo de 2014. Para la Fiscalía, esto confirmaría que el funcionario participó del movimiento de dinero proveniente de personas ligadas a la actividad empresaria.
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Correa en su cuenta de Twitter confirmó que recibió el dinero, pero aclaró: “Tenía un recurrente sobregiro y pedí prestado $ 6.000 del fondo solidario que teníamos en Presidencia (nuestros aportes) y lo pagué hasta el último centavo (tengo los cheques de $ 500 mensuales). ¡No sean ridículos!”. Hace una semana, Correa hizo referencia a un “fondo de solidaridad” de la Presidencia al que aportaba $ 380 mensuales y en el que existía el código SP (Señor Presidente), destacó Nodal.
Junto a Correa, la fiscal también pidió prisión preventiva para los exministros del correato Vinicio Alvarado y Walter Solís; el exministro y exvicepresiente Glas, además de Yamil Massuh, asesor político de Duarte. Todos fueron vinculados en calidad de autores.
Glas, Solís y Alvarado son vistos por Fiscalía como líderes de la estructura. Contra este último, al igual que para Correa, Salazar pidió que se oficie a Interpol para su captura. Para los restantes 17 vinculados, entre los que están la actual asambleísta Bonilla y el exlegislador Viteri, Salazar solicitó la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad competente. Para todos Fiscalía pidió la prohibición de enajenar bienes, la retención de cuentas en el sistema financiero local para garantizar una reparación que bordearía los $ 7,8 millones.
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