En un fallo trascendental, la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata le propició un revés al jefe de los fiscales bonaerenses, Julio Conte Grand, y el Ministro de Justicia de la Provincia, Gustavo Ferrari, al anular una resolución en la causa iniciada por una denuncia del Secretario de Política Criminal de la Procuración General contra el Defensor de Casación, Mario Coriolano, quien se había interesado en la salud de una mujer detenida en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), víctima de torturas.
Se trata de Mónica Mego, una mujer trans que quedó parapléjica por los tratos inhumanos del Servicio Penitenciario dependiente de Vidal. Según se supo durante la investigación, reclamó asistencia médica por seis meses pero desoyeron su pedido, incluso el de una huelga de hambre que realizaron otras detenidas en solidaridad. Finalmente, la trasladaron al hospital San Martín, en La Plata, pero muy tarde. Debieron operarla de un absceso epidural en la médula y quedó parapléjica, sin control de esfínteres de por vida.
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Coriolano fue quien se interesó de forma personal en el caso de Mego y, según se conoció hoy, la anulación de una resolución en su contra configura un golpe político importante ya que imprime un revés para el ministro de Justicia y responsable del Servicio Penitenciario, Gustavo Ferrari, y para el procurador general Julio Conte Grand, las personas que promovieron acciones contra el Defensor de Casación.
Según publicó el portal Infocielo, el titular del SPB, Xavier Areses, inició una denuncia en la Secretaría de Política Criminal de la Corte y le atribuyó al Defensor haber entrevistado a la detenida “sin autorización”. La acción judicial no prosperó y Francisco Pont Vergés, segundo de Conte Grand, la usó como puntapié inicial para un expediente disciplinario e instruyó a la Fiscalía General de La Plata a que formule denuncia penal que quedó radicada en la UFI 15 de la Capital bonaerense.
El fallo de la Cámara advirtió sobre la trascendencia institucional de la causa, que podría afectar la defensa pública y la intervención de organismos de derechos humanos. Además, remarcó “el proceso penal llevado adelante contra el Defensor Oficial, comprometido con la defensa de los derechos humanos, por querer documentar un estado de cosas –por cierto sumamente graves- en el oscurantismo de una cárcel, asoma francamente como desmedido”.
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