Se conoció parte de la declaración del dueño de Odebrechtante la Justicia brasileña y allí reconoció el accionar de IECSA en el pago de sobornos en Argentina para obtener el soterramiento del Sarmiento.
Según reveló Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, el dueño de la constructora brasileña y otros directivos reconocieron la necesidad de tener "socios locales" que sirviera de contacto con autoridades argentinas para conseguir los contratos. En el caso del soterramiento, ese socio local era IECSA, la firma que hasta 2007 fue de Franco Macri, luego comprada de forma llamativa por Ángelo Calcaterra (sin tener fondos suficientes para eso) y este año traspasada al dueño de Edenor, Marcelo Mindlin.
Según Marcelo Odebrecht, las coimas, que rondarían unos U$S20 millones, se habrían pagado en Argentina y en Brasil, para destrabar el financiamiento de la obra. Aquí, se menciona al ex ministro de Desarrollo brasileño, Fernando Pimentel, de acuerdo al ex directivo Joao Carlos Mariz Nogueira, como el presunto beneficiario de pagos indebidos.
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Precisamente, el actual titular de la AFI, Gustavo Arribas, está investigado por haber recibido 850 mil dólares en una cuenta en Suiza de parte de un cambista operador de Odebrecht, Fernando Meirelles. Las fechas de los pagos (2013) coinciden con la reactivación de la obra en Argentina y cuando Arribas vivía en San Pablo.
En una serie de correos electrónicos que forman parte del expediente de Lava Jato en Brasil, se menciona al directivo de IECSA Héctor Sánchez Caballero, para debatir el pago de sobornos en Argentina. Según Odebrecht, los socios locales eran los que siempre se encargaban de "canalizar" los pagos indebidos para obtener favores políticos. Según consta en los registros, los mismos figuraban bajo la sigla "DGI" (que nada tiene que ver con la AFIP) y totalizarían 20 millones de dólares.
La megaobra fue adjudicada en 2008 a un consorcio de empresas compuesto por Odebrecht, IECSA, la italiana Ghella y la española Comsa. El primer tramo fue tasado en 3.200 millones de pesos, mil millones de dólares al tipo de cambio de la fecha. La UTE era la encargada de obtener el financiamiento internacional, complicado por la crisis de la subprime en Estados Unidos. Esto fue posponiendo a la obra, que al día de hoy lleva un 3% de ejecución.
Al asumir Mauricio Macri, firmó un DNU para reactivar la obra, incrementó el presupuesto del proyecto hasta los 45 mil millones de pesos, U$S2.800 millones al tipo de cambio actual. Y cambiaba la fuente de financiamiento: pasaba de ser el Estado nacional el encargado de proveer los fondos.
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