La crisis wichi en Salta es cada vez más grave y la declaración de emergencia por parte del gobernador macrista, Gustavo Sáenz, quedó en una mera proclama ya que, según denunciaron, aún no fueron enviados los suministros necesarios para terminar con la desnutrición y falta de acceso al agua potable en las comunidades más alejadas, ubicadas en el monte, donde ocho niños ya murieron y otros miles están en riesgo extremo. A ésto se sumó un brutal recorte en el servicio de asistencia sanitaria para atender las demandas de los pobladores.
El Programa de Salud de Refuerzo Estival busca brindar asistencia a estos sectores con la presencia de médicos y nutricionistas que hoy no cuentan con los recursos para ir a las áreas más alejadas en el monte salteño. Los equipos están compuestos, además, por agentes sanitarios que "dejan dos bolsones de mercadería cuando los chicos están con bajo peso pero si no están no los dejan”, según denunció Isabel Soria, presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, a El Destape. O sea, si los menores están por debajo de los kilos que deberían tener, dejan comida. Si no, no hay nada. “¿Qué esperan? ¿Que se mueran de hambre para volver a darles de comer?”, se preguntó.
Con la preocupación, encima, por la crecida del río y la posibilidad de que las comunidades de San Martín queden aisladas por agua en las rutas, la realidad en el norte salteño es abrumadora. La presidenta de la Fundación Volviendo a Casa fue una de las que se adentró en el monte y se topó con una situación que le resultó desesperante.
En diálogo con este medio, comentó que su ONG se adentró en las comunidades a raíz de una denuncia realizada por un habitante toba que puso al descubierto la condición de vulnerabilidad extrema de una niña discapacitada. Al llegar a los tres departamentos más afectados, encontraron niños con hidrocefalia, 10 con distintas discapacidades y chicos con diagnóstico de retraso madurativo. Según explicó Soria, “los médicos decían que era por la falta de alimentación, incluso de las mamás que no pueden amamantar o no comen bien durante el embarazo”, lo que impide el desarrollo de los menores. Esto lo atribuyó a un total “abandono del Estado” comandado por Sáenz.
Si bien los doctores aseguraron que las discapacidades y enfermedades son consecuencia directa de la desnutrición, Soria aseguró que "no hay médicos en la ciudad cabecera del departamento de San Martín, ni pediatras ni de madres". Además, aseguró que el hospital más grande del centro, el San Bernardo, "está atestado" y sus profesionales "no van al interior porque no les pagan el desarraigo, no les alquilan la casa y piensan que ellos lo paguen con el sueldo propio". Por eso, lanzó una dura afirmación: "No te pueden sorprender las muertes porque todo el sistema está mal. Es consecuencia de años y malas decisiones que está tomando Sáenz".
La desnutrición es el problema que atraviesa a estas comunidades, así como la falta de acceso a fuentes de agua potable. Ocho niños y niñas murieron por esta causa y se estima que otros dos mil están en riesgo. La cifra es polémica. Según aseguró Soria a este medio, hace días, en la página de la Gobernación fue publicado un estudio en el que se reveló que el número ascendía a 7000. “No van a decir nunca la verdad”, se lamentó. Lo cierto es que cualquier estadística es preocupante, grave y requiere de una respuesta inmediata del Estado. "Los tiempos de los funcionarios no es el de las víctimas", analizó.
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Durante su estadía en el monte, se topó con situaciones realmente dramáticas. Isabel contó que vieron a una familia compuesta por once niños y tres adultos. Dos de los menores tenían problemas renales porque las condiciones de las viviendas son paupérrimas y dos presentan riesgo de bajo peso, pero “no tienen para comer”. Relató: “Si la madre no lava ropa hoy, no comen mañana”. Soria contó, con pesar, que “los 11 niños no tenían más que comer que limón con sal”. Al consultarles si tenían acceso a alimentos, respondían que no “con una sonrisa en la cara que significaba vergüenza”.
A la falta de comida, agua potable y salud se le suman las pésimas condiciones de las viviendas, por lo que piden que el Estado provea de materiales para construir, o que incluso colaboren las empresas radicadas en esos tres departamentos que, supuestamente, también tienen una responsabilidad social. Actualmente, viven en casas prefabricadas de madera, provistos de plásticos sobre los que los niños duermen todos los días.
“No sabemos más que hacer, honestamente. Necesitamos que tengan, aunque sea, la asistencia mínima para que podamos ayudarlos”, dijo y pidió que el Gobierno los ayude a conseguir los instrumentos para, arreglándose como puedan, brindar viviendas más humanas para las familias.
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