Los gobiernos de América Latina están tomando diferentes medidas para evitar que el nuevo coronavirus penetre en las cárceles de la región, en las que más de dos millones de personas cumplen sus penas hacinados y con mínimas condiciones de higiene, y donde un solo caso de covid-19 podría desatar una crisis sanitaria mayor a la que se está viviendo actualmente.
Varios países de la región, entre los que se encuentran Brasil, Colombia, Perú y Honduras, suspendieron completamente las visitas de los familiares, mientras que otros como Chile, El Salvador y Uruguay, las restringieron de una forma u otra, según constató Sputnik tras hablar con autoridades, sindicatos de funcionarios penitenciarios y familiares de las personas privadas de libertad.
Asimismo, todos los países de la región están tomando medidas específicas o redactando protocolos de actuación para las personas que trabajan en los distintos establecimientos penitenciarios de la región, tanto en tareas de seguridad como administrativas, de cara a evitar que los presos o los funcionarios se contagien del covid-19.
Las medidas incluyen controles sanitarios a todas las personas que van a ingresar a las cárceles, similares a los que se realizaron en los aeropuertos, el suministro de insumos de higiene, como gel antibacterial, jabón y barbijos, y en algunos casos el aislamiento de personas con síntomas de contagio.
"Sería peligroso que hubiera una situación (de contagio) dentro de una unidad penitenciaria, pues algunas albergan más de 1.000 personas", dijo a Sputnik el director de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Francisco Mugnolo, respecto a la situación de las cárceles federales argentinas, donde hay casi 14.000 presos.
El procurador dijo que se han establecido "algunas" medidas de seguridad, pero alertó respecto a que en las cárceles "no hay un equipamiento para prevenir esta situación", a la que calificó de "delicada", porque el virus "tiene un poder de reproducción extraordinario".
VISITAS
Las visitas suponen en la inmensa mayoría de los casos el único respaldo económico y emocional que tienen las personas privadas de libertad, y el anuncio de su suspensión derivó en una fuga masiva en Brasil y disturbios en algunas cárceles de Colombia.
No obstante, algunos sindicatos de funcionarios penitenciarios entienden que es la mejor manera de evitar la propagación del virus al interior de los centros de privación de libertad.
No es por hacerle un daño a la persona privada de libertad que no pueda recibir visitas; el tema es la circulación de gente en las unidades teniendo en cuenta la propagación de este virus y que la situación es con personas dentro de las unidades que tienen problemas respiratorios, con HIV, que son de riesgo, personas mayores; y obviamente eso puede venir de afuera, y si entra a una unidad va a ser una locura", dijo a Sputnik el secretario general de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios de Uruguay (Ofucipe), Juan Nolasco.
Las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación de Uruguay elaboraron un protocolo para restringir las visitas a una sola persona mayor de edad por preso, y la aplicación de controles sanitarios a todos, incluidos funcionarios policiales y civiles, que ingresen a alguna de las 29 unidades que conforman el sistema penitenciario de ese país, donde hay casi 12.000 privados de libertad.
La Ofucipe pidió a las autoridades decretar la "emergencia penitenciaria", pero su solicitud no fue tenida en cuenta.
Una medida similar propone en Colombia la Unión de Trabajadores Penitenciarios.
"Como es de conocimiento público, el sistema penitenciario colombiano tiene serias deficiencias en materia de salud, además de no contar con la infraestructura adecuada, ni tampoco con los recursos humanos, técnicos y tecnológicos para contrarrestar la posible presencia de este brote al interior de las cárceles nacionales", dijeron los funcionarios penitenciarios en un comunicado.
De acuerdo a los trabajadores, la situación sanitaria producida por el nuevo coronavirus se agrava en las cárceles, donde el promedio de hacinamiento es de 48 por ciento en todo el país, esto es, que en promedio, cada 100 plazas hay 148 presos.
Según la UTP, esta situación "conllevaría a la propagación acelerada de este virus y dejaría a su paso un número significativo de infectados, con alto riesgo para los privados de la libertad, familias, abogados, funcionarios judiciales, visitantes ocasionales y servidores públicos penitenciarios, entre otros".
Colombia suspendió por diez días las visitas a los centros penitenciarios.
"Nos dijeron que solo va a pasar un familiar por detenido y uno a la vez, antes nos dejaban verlos 20 o 30 minutos, y nos dijeron que serán solo como dos minutos, tenemos prohibido abrazarlos o besarlos, todo desde lejos", dijo a Sputnik una mujer venezolana, familiar de un privado de libertad del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas de Chacao, en el este de Caracas, al ser consultada sobre las medidas que dispuso el Gobierno que preside Nicolás Maduro.
En Colombia, en tanto, algunos familiares están intentando que las autoridades otorguen prisión domiciliaria a aquellos presos por delitos leves.
PRISIÓN DOMICILIARIA
"Mi hijo está preso desde hace seis meses por un delito menor, una deuda que no pudo pagar. No se trata de un delincuente ni de una persona peligrosa, porque si así lo fuera se hubiera fugado con la deuda. Ante ese tipo de casos varios familiares buscamos sugerir al Inpec (Instituto Penitenciario de Colombia) o a la Fiscalía que se les conceda prisión domiciliaria, donde pueden mantener aislados y sin riesgo de contagio", dijo a esta agencia el padre de un detenido en la ciudad de Cali.
Además de restringir la frecuencia y la cantidad de personas por visita, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para sustituir la pena de cárcel por arresto domiciliario total a todas los mayores de 75 años, y a personas entre 65 y 74 años que les quede menos de un año para cumplir su condena.
Este proyecto excluye a las personas condenadas por delitos graves y violaciones a los derechos humanos.
Al respecto de la situación chilena, el presidente de la organización no gubernamental Leasur, Pablo Pinochet, dijo a Sputnik que la principal preocupación es la efectividad de los protocolos dadas las condiciones en las que los presos cumplen sus condenas.
"Una de las preocupaciones de Leasur es que los protocolos de aislamiento y de procedimientos cuando se detecte un caso de coronavirus, sean insuficientes, por las condiciones de hacinamiento, el pobre acceso a agua potable en algunos centros, la pobre acción médica en algunos centros, y las largas horas de encierro de los presos que van de 14 a 16 horas diarias", dijo el presidente de la organización, que promueve la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, respecto a una realidad que se repite en la inmensa mayoría de las cárceles latinoamericanas.
A finales de 2019, China informó de un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei (sudeste), causado por una nueva cepa de coronavirus, Sars-Cov-2.
A nivel global se han registrado 179.111 casos de infección, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, publicado el miércoles, que señala que 7.426 personas han muerto a causa de la enfermedad. (Sputnik)
* Por Rafael Rey para Sputnik
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