Cuando Mauricio Macri asumió la presidencia de la Nación, fiel al lema “Cambiemos”, trajo consigo una significativa serie de cambios respecto al gobierno anterior. Una de las políticas que que decidió modificar radicalmente fue la de Derechos Humanos.
Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, aseguró a este medio que si bien “en cuanto a los juicios de lesa humanidad las leyes son las mismas y no lograron ningún giro desde lo legal o lo normativo, sí hubo un giro en el discurso del Poder Ejecutivo sobre los Derechos Humanos". En ese sentido, explicó que "los procesos de lesa humanidad dejaron de ser una prioridad y en un país presidencialista como el nuestro sabemos que esto tiene gran impacto”.
En tres años de mandato, Cambiemos reavivó la teoría de los dos demonios, tildó a los derechos humanos como un “curro”, firmó un decreto para convertir Campo de Mayo en una Reserva Natural y aumentó considerablemente las domiciliarias a los condenados por delitos de lesa humanidad (actualmente hay más genocidas con arresto domiciliario que común), por nombrar algunos ejemplos. Pero esto no es todo. La creciente militarización del país, impulsada por Patricia Bullrich, también se convirtió en un obstáculo para el ejercicio del juicio y castigo en el presente.
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Desde que asumió su cargo como ministra de Seguridad, Bullrich impulsó polémicos cambios que tienen como eje común la idea de darle más poder a las fuerzas de seguridad. Sacó una resolución que autoriza a las fuerzas de seguridad a disponer del gatillo fácil y permite disparar a un sospechoso sin dar la voz de alto y sin que medie agresión directa previa y habilitó, hace menos de dos semanas, a las fuerzas de seguridad a utilizar armas de fuego para la represión. Además, avaló la represión en manifestaciones, como sucedió en las marchas contra el Presupuesto 2019.
Ahora bien, todo este actual contexto de creciente militarización del país e impunidad de las fuerzas se ve reflejado en mucho más que en las manifestaciones en contra del Gobierno. Hoy en día, el “empoderamiento” de las fuerzas de seguridad se ve también en los juicios de lesa humanidad.
En el segundo Encuentro Federal por los Derechos Humanos, que se llevó a cabo hace un mes, la Comisión de Lesa Humanidad se encargó de explicar cómo la reciente impunidad policial afecta a estos juicios. La abogada especializada en Derechos Humanos, Ana Oberlin, encargada de esta comisión, dialogó con El Destape sobre la militarización y cómo afecta a los juicios, que se ve sobretodo en casos que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. "Los compañeros que contaron sus historias en el encuentro hablaron de la Brigada San Justo, del juicio de Mansión Seré y lo que notaron es que, en los juicios de lesa humanidad, últimamente hay un incremento del personal policial en la puerta, más controles a la hora del ingreso, este tipo de cosas”, relató.
“Obviamente no es que decimos que no tiene que haber controles, los hay en todo proceso judicial pero los que hay hoy en día en juicios de lesa humanidad son más intimidatorios y yo creo que esto coincide con todo lo que está pasando a nivel general en el país, que hay todo el tiempo una presencia más continua de las fuerzas en general”, sumó.
El diputado nacional y militante por los Derechos Humanos Horacio Pietragalla también se pronunció al respecto: “En el contexto de los juicios lo que se ve es que están más aparateados por las fuerzas de seguridad. Una de las cosas que observamos es que cuando hay una audiencia está lleno de policías, camiones hidrantes esperando, todo eso antes no estaba". Asimismo, explicó se nota un cambio en las provincias porque si bien "siempre hubo una mínima seguridad, hoy hay vallas y gendarmes". Y agregó: "Además otra de las cosas que nos sorprende más es que hay una mayor movilización también de los que están a favor de los genocidas”.
Lo importante, además, es pensar qué consecuencias trae consigo este exceso de seguridad, a quién afecta que haya mayor presencia policial en la puerta de las audiencias de lesa humanidad. Pietragalla cree que puede tener un impacto negativo, por ejemplo, en los testigos. “Claramente ellos sienten esa presión en los juicios. Por empezar, hoy en día no hay un ámbito favorable para ser testigo porque casi no hay acompañamiento de psicólogas, psicólogos y los abogados querellantes por la secretaría de Derechos Humanos son pocos", afirmó. "El abordaje integral que se le daba a un testigo para que pueda llevar adelante el testimonio, que es fundamental, hoy ya no está y, de paso, sumarle la imagen represiva que vemos en las audiencias no colabora”, marcó.
Ana Oberlin, sin embargo, destacó que a quien afecta el proceso de militarización es al público. “Creo que si ya decidiste dar testimonio, lo hacés igual, pero para mí es muy claro que a quien afecta esto es al público y esto es importante porque una de las cosas que nosotros más resaltamos en el Encuentro Federal por los DDHH es la necesidad de convocar nuevamente a la gente para que vaya a los juicios de lesa, como hicimos en los primeros años del proceso de memoria, verdad y justicia”, advirtió.
“No queremos que los testimonios se den en soledad, es una situación triste y un retroceso porque en realidad parte de la fuerza está en que los que van a prestar testimonio sientan que hay un colectivo que los está respaldando y que socialmente están siendo acompañados”, aseguró.
Por último, tras destacar que "la militarización de los juicios es un problema porque afecta a esta idea de acercar a la gente a los juicios y, por el contrario, los aleja", consideró que "si una persona no está muy convencida de ir a presenciar un juicio de lesa, si no lo hace como parte de una militancia activa, seguro que la mayor presencia policial y la hostilidad de la custodia la ahuyenta". y alarmada por las consecuencias de esta nueva política, cerró: "Eso afecta al proceso de memoria”.
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