El senado francés permitió que la práctica (muy común desde hace años entre los fabricantes de productos electrónicos) sea tipificada como delito, para la que se contemplarán penas de dos años de prisión y 300.000 euros de multa. Pretende así penalizar a los fabricantes que reducen conscientemente la vida útil de sus productos para que los consumidores tengan que remplazarlos con mayor frecuencia, según publicó el portal Residuos Profesional.
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La decisión se basa en el artículo 22 del proyecto de ley sobre transición energética para el crecimiento verde. Con este artículo se introduce en la legislación francesa la definición de obsolescencia programada.
Añadido en una enmienda en la Asamblea Nacional, el artículo se ha escrito a partir de la definición propuesta en julio de 2012 por la Agencia de Medio Ambiente y Gestión de la Energía (ADEME): “La obsolescencia programada consiste en acortar la vida útil de un producto intencionadamente para que el consumidor tenga que comprar uno nuevo, limitando su periodo de uso por razones del modelo económico”.
Así, aquel que cometa un delito de este tipo será castigado con una pena máxima de dos años de prisión y 300.000 euros de multa, en virtud de un nuevo artículo L 213-4-1, recogido en el Código de Consumo. Se prevé exactamente el mismo tratamiento que en el caso de las prácticas comerciales engañosas.
En vista de los cambios realizados por el Senado, probablemente se forme una comisión mixta –compuesta por siete diputados y siete senadores– para llegar a un compromiso, una vez que el texto sea aprobado por la Cámara Alta del Parlamento.
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