Cuando se cumplen 11 años de la desaparición de Jorge Julio López, la Cámara de Diputados iniciará el martes el debate de un proyecto que plantea la apertura y publicidad de archivos, informes y expedientes vinculados al caso de la "desaparición forzada".
A las 14 en la sala 5 del edificio anexo de la Cámara baja, la comisión de Derechos Humanos y Garantías (presidida por Victoria Donda) discutirá el proyecto presentada a fines del año pasado por la diputada mandato cumplido del Frente de Izquierda Myriam Bregman, referido al esclarecimiento de la causa por la desaparición del testigo y querellante en causas de lesa humanidad.
La iniciativa prevé que el Poder Ejecutivo disponga la apertura de los archivos que están en manos de fuerzas de seguridad estatales como la Policía Federal, la Agencia Federal de Inteligencia, el Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Nacional, así como cualquier información que puedan conservar las Fuerzas Armadas.
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Se trata de los archivos concernientes a la causa que investiga la responsabilidad del represor Miguel Etchecolatz en delitos de lesa humanidad (que tuvo a López como una de sus víctimas), como así también la causa que tramita el Juzgado Federal 1 de La Plata sobre la "desaparición forzada" del albañil.
La medida deberá comprender "las actividades realizadas, ordenadas o sugeridas por parte de miembros del Estado ya sea nacional, provincial o municipal -incluyendo órganos de Inteligencia-, con respecto a la actividad de los querellantes, testigos y todo otro colectivo o individuo que haya tenido participación" en dichas causas.
Una vez que la ley entre en vigor, el Poder Ejecutivo tendrá la obligación de proporcionar a la Cámara de Diputados toda la información recabada. Será esta Cámara la responsable de "resguardar, almacenar, clasificar, conservar y dar a conocer todos los archivos, nóminas, expedientes y demás documentación".
A dicha documentación podrán tener acceso organismos de Derechos Humanos reconocidos públicamente, querellantes en las "causas mencionadas, y "toda persona física o jurídica que tenga un interés legítimo en el acceso a la información recabada o bien se encuentre considerada en la información surgida".
Quedarán excluidos los miembros de fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas y de Inteligencia de todas las jurisdicciones del país, así como cualquier persona comprometida en delitos de lesa humanidad.
Por otra parte, la comisión de Derechos Humanos tiene en agenda el tratamiento este martes de un régimen de resarcimiento económico a las víctimas de la represión con motivo de las jornadas de protesta y movilización de los días 19, 20 y 21 de diciembre 2001.
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