Los diputados y diputadas del FPV-PJ solicitaron la exclusión de Elisa Carrió y Paula Oliveto, ambas de la Coalición Cívica, de la Cámara de Diputados por "inhabilidad moral" debido a sus vínculos con el extorsionador Marcelo D'Alessio, según las pruebas que mostró el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en el Congreso.
En el escrito, los legisladores manifestaron que "tanto Carrió como Oliveto, aparecen mencionadas en las pruebas recabadas" por el juez Ramos Padilla en la causa contra D'Alessio, la cual se inició por una extorsión al empresario Pedro Etchebest y derivó en la investigación de una red de espionaje ilegal.
De la exposición del magistrado de Dolores en la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados la semana pasada, "surge en el expediente que ambas diputadas habrían estado, al menos, en conocimiento de las actividades de inteligencia ilegal realizadas por una organización paraestatal, pudiendo haber hecho uso de dicha “información” o participado de dicha actividad", indicó documento.
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En esa línea, recordaron que el juez destacó que la primera publicación conocida sobre la investigación por extorsión fue publicada por la titular de la Coalición Cívica: "Es un tuit de la diputada Carrió que señalaba que esta investigación era una operación".
Además, recordó que Ramos Padilla reveló un audio entre D'Alessio y un contacto agendado como "Romina Aduana". Allí, ésta le manifestó que "la Aduana quiere tener contacto con la DEA y vos podés comentarle sobre tus trabajos. Nos re interesa”. A lo que D’Alessio respondió: “Sólo Vives es de la línea de Carrió, una amiga" y agregó que hizo "cosas con ella y con Paula Oliveto. A disposición”.
En el caso de Oliveto, los diputados incluyeron documentación mostrada por Ramos Padilla en el Congreso. En particular, un audio que D'Alessio le envió a la diputada, a quien se refiere como "Pau" o "negra", además de manifestarle la intención de enviarle información recabada.
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Por estos motivos, "las conductas atribuidas a las diputadas Carrió y Oliveto en el ejercicio de sus funciones atentan contra reglas y derechos elementales de nuestra democracia como la libertad de expresión, de prensa, de protección de la privacidad ante actividades de inteligencia ilegal".
La solicitud de exclusión se basa en el Artículo 66 de la Constitución Nacional, por el cual se establece que cada Cámara tendrá su propio reglamento y "podrá, con dos tercios de los votos, corregir a cualquiera de sus miembros", ya sea por desorden de conducta, inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación.
El pedido se debatirá en la Comisión de Asuntos Constitucionales para, luego, en caso de lograr el número, dar su tratamiento en el recinto. "Es difícil conseguir las mayorías agravadas, pero no queríamos que se naturalice el hecho de que dos diputadas de esta Casa podrían haber estado haciendo uso de una organización paraestatal de inteligencia", señaló Agustín Rossi, titular del Bloque.
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