Diputados del Frente para la Victoria en el Congreso y en el Parlasur condenaron la detención de la líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala. A través de una conferencia de prensa exigieron la liberación de la dirigente social, a la que calificaron como "la primera presa política" del gobierno de Mauricio Macri.
"Una vez más, la alianza Cambiemos nos retrotrae a épocas oscuras de nuestra historia. Una vez más, la alianza Cambiemos recurre a la criminalización de la protesta social pacífica como primera respuesta ante el disenso", expresó el comunicado que recibió el apoyo del MST-Nueva Izquierda, Quebracho y otras organizaciones. "Nos preocupa el avasallamiento de las garantías constitucionales y del estado de derecho que se ha convertido en el modus operandi del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales que le son adeptos", continuó.
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El parlamentario del Mercosur Agustín Rossi sostuvo que la detención de Sala significa "la profundización de una política que criminaliza la protesta social". Además, criticó la la paradoja que se genera ante este hecho respecto del reclamo de Macri " ante el Mercosur por los presos políticos de Venezuela".
Luego, Edgardo Depetri aseguró que "lo que está en discusión son los 39 mil empleos que tiene la Tupac", a lo que Carlos Castagneto agregó que el decreto por el cual el gobernador jujeño Gerardo Morales ordenó regularizar la situación de las organizaciones sociales "bordea el límite de la ilegalidad" porque "ninguna provincia puede intervenir una cooperativa".
Una comitiva de diputados nacionales del FpV viajará este martes a Jujuy para solidarizarse con Sala, entre ellos Depetri, Carolina Gaillard, Cristina Britez, Leonardo Grosso y Matías Rodríguez.
En el ámbito del Parlasur, cuyo bloque preside Jorge Taiana, el reclamo por la liberación de Sala cuenta con respaldo del Frente Amplio uruguayo, el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil y la Asamblea Nacional de Ecuador.
Taiana se comunicó con la canciller Susana Malcorra para plantearle su preocupación por el hecho sucedido. Sin embargo, Malcorra señaló que "el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto no tiene injerencia en las cuestiones vinculadas a los delitos que se le imputan a la mencionada dirigente política".
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