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El pedido fue hecho mediante un planteo de "medida cautelar autónoma" ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y para que "disponga la suspensión de las designaciones del personal destinado a los cargos" creados por la reforma del Código Procesal Penal.
Además, denunció una supuesta intención de Gils Carbó de "de cubrir con 'fiscales militantes' cada una de las Cámaras Nacionales y Federales de Apelación con competencia penal en todo el país", para "lograr la impunidad". Según el diputado, la ley de reforma del Código Procesal surgió "luego de un debate parlamentario casi inexistente".
En ese sentido, continuó: "Una vez más nuestro país asiste perplejo a la sanción de un Código a nivel nacional, destinado por su naturaleza a regir durante décadas, con la sola voluntad del partido gobernante y toda la oposición expresando públicamente su rechazo" y añadió: "Se crean gran cantidad de cargos de Fiscales, Secretarios y empleados sin ninguna fundamentación y con la sola finalidad de proceder a una especie de colonización de otro Poder del Estado por parte del Ejecutivo en un claro avasallamiento a la división de poderes".
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