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Quien se encargó de darle difusión a la denuncia fue el flamante gremio de prensa SiPreBA, quien informó que el gerente de noticias de la radio pública, Fernando Subirats, dio la orden a los periodistas del informativo para realizar este cambio, todo un viraje de la línea editorial, ya que de esta forma se desestima la complicidad civil que la Junta tuvo para llegar y sostenerse en el poder, tanto en el orden empresarial, como los funcionarios civiles que ocuparon cargos y los medios de comunicación que acompañaron las atrocidades cometidas.
Quien recibió la orden fue el periodista Carlos Seglul, integrante del gremio y un ex detenido-desaparecido que estuvo en las cárceles de Azul y Sierra Chica durante esos años.
SiPreBa afirmó en un comunicado que "estamos ante algo más que una corrección de estilo, se trata de grave acto de censura dirigido al ocultamiento de la responsabilidad en el genocidio de muchos de los grandes grupos económicos, políticos y civiles con cargos dirigentes, y aun más grave, se trata de silenciar a integrantes de uno de los gremios que más desapariciones sufrió durante la dictadura".
Por ello, reclamaron al titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, que "cumpla su promesa" de defender "el pluralismo informativo".
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