Deuda: la ley no lo pide, pero Macri va al Congreso para diluir responsabilidades

El gobierno nacional no necesita pasar por el Congreso para reestructurar su deuda si el resultado es ventajoso para el país, de acuerdo a la ley vigente. Por lo tanto, la decisión del presidente Mauricio Macri, comunicada por su ministro de Economía, Hernán Lacunza, de enviar un proyecto de ley para extender los plazos de vencimiento de los compromisos, sólo puede tener como objetivo diluir la responsabilidad del oficialismo e involucrar a la oposición en el costo político de la medida.

Macri podría saltearse la aprobación parlamentaria para avanzar con el “reperfilamiento” de la deuda que anunció Lacunza. Así lo establece la ley de Administración Financiera en su artículo 65: “El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública (...) mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”.

Considerando que este mismo gobierno evitó consultar con el Poder Legislativo a la hora de tomar las decisiones que llevaron a esta situación, empezando por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la única razón por la que se explica que ahora busque la aprobación parlamentaria es política. Así lo interpretan varios legisladores de la oposición consultados para esta nota. Aunque esperan a conocer el contenido del proyecto antes de tomar una posición pública, reina el escepticismo. 

En septiembre del año pasado el gobierno intentó modificar el artículo en cuestión, quitando el requisito de que la medida “implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses” y reemplazándolo por otro más flexible: “atendiendo las condiciones imperantes del mercado”. Finalmente, ese cambio fue rechazado por la oposición, pero la iniciativa pone en evidencia que desde el oficialismo están familiarizados con ese articulado y su omisión en esta coyuntura no es casual.