El caso Correo Argentino suma hoy un nuevo elemento para escalar lugares en la antología de la corrupción. Hace unos días, Mauricio Macri se excusó de intervenir en el caso, en un movimiento que no hizo más que reconocer existía un conflicto de interés que siempre negó. En lo formal, le pasó las decisiones sobre el caso a su vicepresidenta Gabriela Michetti. Ahora, su compañera de fórmula rechazó que siga la investigación sobre los ejecutores de la maniobra que buscó (y aún intenta) condonarle a la familia Macri más de 70.000 millones de pesos por su histórica deuda con el Estado.
El rechazo es a una apelación del Sergio Rodriguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía anticorrupción. El 10 de febrero de 2017, tras conocerse la maniobra de Macri para condonarle es multimillonaria deuda a su familia, el fiscal Rodriguez le pidió a la Procuración del Tesoro (PTN), que es la cabeza de los abogados del Estado, que iniciara un sumario para investigar el rol de los abogados que intervinieron es ese acuerdo entre los Macri de uno y otro lado del mostrador. El entonces procurador Carlos Balbin le dio curso a la investigación, pese a tratarse de un funcionario designado por Macri y que depende directo del Presidente. Fue su catapulta fuera del Gobierno. Macri lo desplazó y nombró en su lugar a Bernardo Saravia Frías, que supo ser abogado de las empresas familiares. “Lo de Correo hay que arreglarlo”, fue la orden que bajó Saravia Frías apenas llegó a la PTN. Hizo los deberes, cerró el sumario que había iniciado Balbín y el fiscal Rodriguez apeló. Ante esto, la decisión quedaba en manos del presidente. El 4 de octubre, Macri se excusó de intervenir. Le dejó la firma a Michetti, que rechazó el recurso.
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Rodriguez y la fiscala general del fuero comercial Gabriela Boquin (que fue quien logró frenar la condonación de la deuda) son los únicos funcionarios judiciales que se interponen en el plan de Macri para beneficiar a su familia. Tras esta ayuda de Michetti, al fiscal Rodriguez se le agotaron las vías administrativas y le queda solo pedir un recurso de reconsideración. La fiscala Boquin, mientras tanto, batalla en soledad en el fango del fuero Comercial, donde las juezas Maria Lila Gomez Alonso y Matilde Ballerini maniobran hace 17 años en beneficio de la familia Macri.
Toda la maniobra fue coordinada por Macri y su entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad. Como reveló El Destape, el Gobierno conocía de antemano la propuesta de la familia Macri, calificada por la fiscala Boquin de “ruinosa” y “abusiva” para los intereses del Estado. Más aún. Este medio también publicó la confesión de Aguad cuando, en un escrito, reconoció que actuaba "Siguiendo expresas instrucciones del señor Presidente de la Nación”. Esto desmintió a Laura “Técnicamente no es delito” Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción que dictaminó que Macri no había intervenido en el escándalo del Correo. Ahora, todo indica que Michetti hizo lo mismo.
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