El escándalo de Correo Argentino suma un nuevo capítulo. Ayer, la familia Macri hizo una propuesta de pago de su multimillonaria deuda con el Estado idéntica a la de 2016, que implica en realidad la condonación de facto de esa deuda que lleva más de 15 años. Si el Estado acepta esta propuesta el escándalo del Correo volvería a su punto de inicio: la intención de Macri de condonarle la deuda a su familia. También ofrecieron el pago de un “reconocimiento adicional” de los intereses que acumularon desde el 2001, pero a condición de que le ganen juicios al Estado. Ergo, quieren pagarle al Estado con la plata del Estado.
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En la audiencia de ayer ante la Sala B de la Cámara Comercial, la familia presidencial presentó una propuesta que “mantiene su compromiso de pago ofrecido en la audiencia del 28 de junio de 2016 con una mejora en términos de plazo y monto”. La propuesta del 28 de junio de 2016 fue la que desató el escándalo del Correo, ya que implicaba una quita del 98,82% de la deuda que, en dinero, era perdonarle a la familia Macri más de 70.000 millones de pesos. Esa intención fue rechazada entonces por la fiscala Gabriela Boquín, que demostró que era abusiva y ruinosa para los intereses de Estado.
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La propuesta rechazada por la fiscala Boquin, y que Macri ordenó luego retirar, era el pago del 100% de la deuda verificada, unos 296 millones de pesos, en 15 cuotas anuales empezando desde el año siguiente que cerraran el acuerdo. En esas cuotas iba creciendo el monto de pago y se le sumaba al final una cuota de intereses del 7%. El esquema quedaba así: de la cuota 1 a la 4 el 1% de la deuda; de la 5 a la 9 el 2%; la 12 y 13 el 15%; la 14 el 20% y la 15 el 30 %. Luego una cuota 16 para los intereses. Es decir, en la propuesta que en su momento aceptó el gobierno macrista, el 50% de la deuda de la familia Macri con el Estado se hubiera pagado en el 2032 y 2033. E implicaba una quita de 70.163 millones de pesos, tal como calculó en su momento la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal.
Tal como reveló El Destape, el propio Macri le dio la orden a Aguad de dar marcha atrás con esa maniobra. “Siguiendo expresas instrucciones del Presidente de la Nación, retracta la aceptación efectuada por el representante del Estado Nacional a la propuesta concordataria realizada por la concursada - Correo Argentino SA -en la audiencia de fecha 28 de junio del año 2016. Sin perjuicio de no compartir ni los fundamentos ni el espíritu ni las conclusiones del dictamen de la Sra. Fiscal que intervino en esta causa”, dice el documento que desmiente la intención de Laura Alonso de exonerar a su jefe, del cuál confesó que se enamoraría mientras tiene que controlarlo desde la Oficina Anticorrupción.
Ahora, tal como dice el documento presentado por los Macri, vuelven a la carga con esa propuesta. Insisten en pagar en 15 cuotas con un interés del 7% desde el 28 de junio de 2016 y ofrecen un “reconocimiento adicional”.
Sobre las cuotas, ofrecen pagar las 2 primeras en un único pago anticipado de casi 6 millones de pesos dentro de los 30 días en que quede firme este acuerdo, por lo que quedarán 13 cuotas. No es ninguna beneficencia. Los dos años que dicen adelantar son, de mínima, los transcurridos desde que se desató este escándalo. La primera de esas cuotas contará como la tercera de la propuesta original, es decir, el pago del 1% de la deuda, y quieren empezar a pagar al año de que se firme este acuerdo. O sea, si todo va según sus planes, a fines de 2019.
En cuanto al “reconocimiento adicional”, la familia Macri ofrece un pago a condición de que le gane juicios multimillonarios al Estado. En su propuesta, los Macri afirman que este “reconocimiento adicional” es “en concepto de interés sobre la deuda nominal verificada en el concurso (i.e. 296.205.376 pesos)”. Lo quieren pagar “conforme la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre saldos de deuda, desde la presentación en concurso preventivo de la sociedad el 19 de Septiembre de 2001 y hasta la cancelación total y definitiva de los compromisos asumidos por la concursada en la presente oferta”. Según sus cálculos, esto da a la fecha una suma de 1.784 millones de pesos.
Para el pago de este “reconocimiento adicional” ponen varios términos y condiciones que giran en torno a una sola idea: pagarlo con el dinero que logren arrancarle al Estado en los 4 juicios que mantienen vivos y coleando (y avanzando) en el fuero Contencioso Adminsitrativo, donde el PRO tiene especial incidencia. La inclusión de estos términos tiene una sola lectura: los Macri tienen mucho, demasiado, optimismo en que el Estado los indemnice por quitarles la concesión del Correo y terminar pagando su deuda con la propia plata del fisco. Para redondear la maniobra, ponen como condicion que “al importe que arroje el cálculo de capital e intereses se le aplicará una quita del 30%”. Ergo, no sólo pagar con plata de todos sino menos y que la diferencia les quede a ellos.
Los Macri se comprometen a no iniciar nuevos juicios contra el Estado. Eso si: se niegan a dar de baja los que ya tienen, donde demandan más de 4.000 millones de pesos.
El acta de la audiencia es escueta. Relata que estuvieron presentes, por Correo Argentino, el presidente de su directorio Jaime Cibilis Robirosa y su histórico abogado Jaime Kleidermacher. Por la Procuración del Tesoro no asistió Bernardo Saravia Frías, su titular, sino uno de sus laderos, Juan Pablo Lahitou. Estuvo la fiscala general Boquin y las juezas Matilde Ballerini y María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, estas dos últimas parte esencial del letargo de esta causa.
El paso de comedia, esta vez, fue breve. La familia Macri presentó su nueva propuesta, los enviados de la Procuración del Tesoro pidieron tiempo para analizarla y las juezas le dieron 45 días hábiles, es decir, hasta mediados de septiembre.
Quedó atrás la intención de pagar con un edificio que, como informó El Destape, ya pertenece al Estado con un precio inflado que ni aún así cubriría su deuda. Pero solo para dar paso a una propuesta aún más insólita: la de insistir con la que es abusiva y ruinosa para el Estado.
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