Una vez más se revelan maniobras turbias para designar jueces. Y, en este caso, para un cargo clave, ya que se trata de un juez que intervendrá en la causa por la multimillonaria deuda de Correo Argentino que Mauricio Macri le quiso (y aún intenta) condonar a su familia. El Gobierno busca colocar a un magistrado que le garantice un resultado favorable a la familia presidencial.
La estrategia, según los documentos a los que accedió El Destape, tuvo dos etapas. Por un lado, se trastocaron los reglamentos de elección de los jurados para el concurso, una típica argucia para asegurarse que la terna sea amigable para Macri y sus operadores judiciales. Por el otro, hubo reuniones en las que los aspirantes con mejor puntaje recibieron un mensaje: el cargo era a cambio de favorecer al presidente en la causa Correo. Los que no aceptaron fueron derivados a otros cargos.
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Elige tu propio jurado
El diputado y consejero de la Magistratura Rodolfo Tailhade detectó una serie de irregularidades en el expediente del concurso 408, que es la vacante en la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Esa sala es la que tiene que resolver la situación de la causa Correo Argentino, caso que cumplió hace poco 17 años. Esta situación se suma a las maniobras para manipular los concursos que reveló en exclusiva El Destape hace más de un mes pero que tanto la corporación judicial como la dirigencia política y el propio Consejo de la Magistratura optaron por ignorar y silenciar.
“La compulsa de las actuaciones evidenció la existencia de diversas irregularidades en la integración del jurado del Concurso”, afirma el escrito del consejero Tailhade al que accedió El Destape. El jurado es el que evalúa a los postulantes y confecciona las ternas sobre las que luego el presidente selecciona a sus preferidos y los envía para su aprobación en el Senado. El rol de los jurados en los concursos tiene un alto nivel de discrecionalidad, por lo que colocar jurados afines garantiza ternas a piacere.
“Quienes resultaren sorteados para integrar un Jurado serán inmediatamente notificados, y deberán aceptar sus cargos —a más tardar— a los tres (3) días hábiles judiciales, presumiéndose —en caso contrario— que no aceptan desempeñarse como tales en ese concurso”, establece el Reglamento de Concursos. En este punto es donde aparecen muchas de las irregularidades que encontró el consejero Tailhade en el concurso para la Sala tan sensible para los intereses de la familia Macri.
El jurado del concurso, en sus distintas categorias, quedó conformado por: Docentes magistrados, la jueza Gabriela Mariel Scolarici (titular) y Rafael Francisco Barreiro (suplente); Docentes de facultades de derecho: el abogado Daniel Roque Vitolo (titular) y Cesar Eduardo Lombardi (suplente); Docentes de competencia general, el constitucionalista mediático Daniel Sabsay (titular) y Augusto Rafael Ferrari (suplente); Docentes competencia general, el profesor Andrés Gil Domínguez (titular) y Claudio Eduardo Martyiuk (suplente). Luego Sabsay se bajó del cargo y le dejó el lugar a Ferrari, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Don Bosco.
La jueza Scolarci aceptó de inmediato, pese a que es del fuero Civil y se trata de una sala Comercial. Scolarici es jueza de primera instancia, concursó su ascenso y está en una de las ternas para un cargo en la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Depende ahora de que Macri envíe su pliego al Senado.
La irregularidad más insólita fue para la categoría Jurados docentes competencia general, que quedó a cargo primero de Sabsay y luego de Ferrari. La excusa para saltearse a Carlos Alberto Vitale, que salió sorteado como primer titular, fue que no lo pudieron contactar. Así, sin creatividad ni para las excusas.
El documento del consejero Tailhade afirma que el caso de Vitale “presenta una particularidad propia y es que el jurado titular sorteado no fue convocado”. Y cita que en el expediente apareció una “Constancia” sin firma que dice: “Se deja constancia a través de la presente que se ha procedido a contactar al Dr. Vitale Carlos Alberto, titular de la lista de jurados docentes con competencia general N 1, con objeto de comunicarle su designación. Habiéndose provisto por la Universidad de la Matanza, solo dos números de teléfono e indicar que no poseía correo electrónico, se intentó comunicarse con el docente por teléfono a los números 1564435275 y 44321308 durante los días 15, 16 y 19 de marzo, no pudiéndose contactarse con él”.
Esta nota, según denuncia Tailhade, no tiene firma. Para colmo, el propio consejero llamó a la misma Universidad y consiguió, sin más trámite, el contacto de Vitale y su correo electrónico. Por ende, la nota sin firma en el expediente del concurso tenía 2 falsedades: la imposibilidad de contacto y la inexistencia de mail.
Descartado de forma irregular Vitale, le tocó el turno a Sabsay, de estrecha cercanía con el Gobierno, que aceptó al instante. Luego se pasó a designar a su suplente, Ferrari, descartando a su vez a José María Cura sin cumplir los plazos y sin que conste la firma del propio Ferrari en la aceptación.
Entre los titulares, uno con irregularidades es Vítolo. Según el escrito de Tailhade, figura aceptando el cargo de jurado en una hoja sin firma ni constancia de recepción por parte de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura. Esta es una de las maniobras reveladas por El Destape, por la cual personas aceptan cargos de forma nula, ya que no está su firma. ¿Las hacen aceptar de prepo? “Si el Dr. Vitolo remitió él mismo por correo electrónico, debería constar el mismo con la fecha de envío, sin embargo no es lo que se observa”, señaló el diputado.
Entre los suplentes, uno flojo de papeles es Barreiro, que integra la Sala F del fuero Comercial. El consejero Tailhade detalló que no se cumplieron los plazos de espera para los jurados que habían salido sorteados. Es decir, se apuraron a descartar jurados para llegar a él. En el caso de Lombardi fue igual. Al jurado suplente que se apuraron a sacar fue nada menos que Ricardo Lorenzetti, al que no le dieron los 3 días para aceptar o rechazar el cargo. Lo mismo sucedió con Martyniuk y con Gil Domínguez, este último con un agregado. Según Tailhade, “la fecha de aceptación resulta dudosa, ya que se encuentra enmendada a mano”.
Ante todas estas irregularidades, el consejero Tailhade pidió que se circulara su informe entre los demás miembros de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, pero en la última reunión de esa comisión la mayoría oficialista descartó el informe y quiso confirmar el jurado pese a las irregularidades
Mover las fichas
La vacante para la Sala B de la Cámara Comercial es clave para un eventual desempate en la causa por la deuda de la familia Macri. Las juezas que integran actualmente la sala, Maria Lilia Gómez Alonso y Matilde Ballerini, son las titiriteras del letargo de esta causa por más de 17 años. En el caso de Gomez Alonso, está totalmente alineada con los intereses de Macri. Hasta ahora, Ballerini también, pero en los últimos meses comenzaron a aparecer diferencias que podrían derivar en posiciones contrarias respecto a que hacer con la deuda de los Macri con el Estado. Llegado ese caso, un tercer juez podría desempatar. Y Macri no quiere que eso quede librado al azar.
En el acta del 19 de octubre pasado, consta que el orden de mérito para este cargo clave fue: 1) Javier Cosentino; 2) Sebastián Ignacio Sánchez Cannavó; 3) Fernando Gabriel D’Alessandro; 4) Hernán Papa; y 5) Gerardo Damián Santicchia. Sin embargo, el Gobierno ejecutó una serie de maniobras para desplazar a varios de los primeros de la lista y que suban puestos los candidatos más afines. Y varios conocedores del maniqueísmo judicial afirmaron a El Destape que el Gobierno quiere que el cargo quede en manos de Santicchia, hasta ahora quinto en el orden.
El 7 de septiembre, Macri envió el pliego de Santicchia al Senado para que integre la Sala C. Pero el 22 de octubre, 3 días después de que quedara quinto en el orden de mérito para la Sala B, retiró su pliego. En cambio, el 24, Macri envió el pliego de Consentino para la Sala C, pese a que quedó primero en el concurso para la Sala B. ¿Las razones? Cosentino es actualmente titular del Juzgado Comercial N 5. Según varias fuentes del entramado judicial, que solicitaron reserva de su identidad, el ministro de Justicia Germán Garavano se reunió con Cosentino para decirle que si quería el puesto en la Sala B tenía que garantizar su voto a favor de los intereses de la familia Macri. Cosentino, según estas fuentes, se negó. Macri, entonces, lo sacó del juego. Envió su pliego para la Sala C mientras retiró el de Santicchia, que en este doble movimiento subió un escalón en el orden de mérito.
La jugada tiene un tercer beneficio para Macri, y es que también subió un puesto Papa, juez comercial que ya favoreció a SIDECO, portaaviones del holding Macri, en otra causa por vaciamiento y quiebra fraudulenta.
Ahora será el turno de las entrevistas, donde reina la discrecionalidad de los consejeros macristas para subir la nota de los concursantes y dejarlos así en el podio que los habilita a integrar la terna para el cargo. El resto será tarea de Macri y sus senadores afines.
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