Deuda del Correo Argentino: la maniobra de los Macri para unificar juicios contra el Estado por $4.500 millones y elegir el juez

Mientras el foco apuntaba a la campaña electoral, la familia Macri ejecutó una maniobra para unificar varios juicios contra el Estado en el marco de la quita de la concesión a Correo Argentino y elegir el juez que intervenga en estos reclamos que superan los 4.500 millones de pesos. La movida de forum shopping coincidió con la presentación en la que, tal como informó El Destape, ofrecieron pagar su deuda con el Estado de 296 millones de pesos con 18 años de retraso y que los intereses se paguen con plata que el Estado supuestamente les debe a ellos. Una maniobra de pinzas perfecta: pagar poco y unificar juicios contra el Estado donde pretenden cobrar mucho en un juez amigo. En un tercer movimiento sincronizado el presidente Mauricio Macri busca trasladar a la fiscala Gabriela Boquin, quien frenó la condonación de la deuda de la familia presidencial con el Estado y es el único escollo para dejar las cuentas del escándalo del Correo ordenadas en favor de los Macri ante la irreversible derrota electoral.

Los Macri tienen varios juicios contra el Estado a partir del caso Correo Argentino que tramitan en el fuero Contencioso Administrativo, a diferencia de la causa en la cuál se discute su propia deuda con el Estado, que el presidente Macri quiso (y quiere) condonar, que está radicada en el fuero Comercial. El pedido para unificar los juicios contra el Estado lo realizaron en la causa 16.807 iniciada en 2004 y que está en manos del juez Enrique Valerio Lavie Pico, que subroga el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N 1 y es el elegido para esta maniobra. En esa causa, piden la nulidad de los decretos 1074 y 1075 del 2003. El primero rechazaba una serie de reclamos de los Macri contra el Estado; el segundo rescindió el la concesión del servicio de correo “por culpa del Concesionario”. Llevaban la firma de Néstor Kirchner, Alberto Fernández, Julio De Vido y Roberto Lavagna.

El movimiento lo hicieron el 17 de julio pasado, pero el escrito no está disponible en el sistema. El Destape accedió de todas formas a esa presentación y encontró una posible explicación: los Macri pidieron que esta cuestión se resolviera sin notificar al Estado. Les salió mal y por partida doble, ya que su existencia se revela también en un escrito que presentaron en otra de esas causas contra el Estado, iniciada en 2016, donde reclamaban 2.365 millones de pesos a la par que intentaban la condonación de la deuda en el fuero Comercial. Allí piden que se suspenda todo hasta que se resuelva el pedido de unificar las causas en el juez Lavie Pico. En el apuro por resolver esta causa antes de diciembre, la estrategia judicial de la familia Macri deja huellas en cada tribunal. Les resta hacer lo propio en otra causa que se remonta al 2000, donde reclaman 2.288 millones de pesos porque quedaron endeudados en dólares no pesificables ya que habían pedido créditos en el extranjero y continuaban cobrando en pesos. En criollo, quieren una indemnización por haber hecho un mal negocio. En total, entre la causa del 2000 y la del 2016 los Macri quieren que el Estado les pague 4.653 millones de pesos. Son, al cambio de hoy, 80 millones de dólares.

La apuesta de los Macri es que los juicios donde reclaman más de 4.500 millones de pesos queden en manos del juez Lavie Pico. No es casual, ya que se trata de uno de los jueces que se alineó con los intereses del Gobierno y fue correspondido con el cierre de una denuncia en su contra promovida por Elisa Carrió. Desde la asunción de Macri y la llegada de Germán Garavano el Ministerio de Justicia, los favores de Lavie Pico tuvieron mucho que ver con la intervención del Gobierno en el Poder Judicial. Lavie Pico habilitó que Elena Highton de Nolasco siga en la Corte Suprema luego de cumplir 75 años; suspendió la designaciones de fiscales realizadas por Alejandra Gils Carbó que eran objetadas por el lobby de la Asociación de Magistrados; jugó en tandem con el el Gobierno para desplazar del Consejo de la Magistratura al senador Ruperto Godoy bajo la excusa de que no era abogado (algo no necesario legalmente) en un juego de bandas para tener números circunstanciales que permitieran el inicio del juicio político al camarista federal Eduardo Freiler; y admitió una acción del Gobierno para neutralizar reclamos contra los tarifazos. A cambio, el Gobierno logró que se desestime una denuncia en su contra iniciada por Carrió a partir de un fallo en el cuál beneficio nada menos que a Daniel “Tano” Angelici y su negocio con los bingos.

Las fechas, como de costumbre, son claves para comprender la maniobra. La cronología muestra una sincronización perfecta en el tema judicial que más preocupa al presidente. Todo ocurrió a mediados de julio. El 15, tal como informó El Destape, los Macri se presentaron en el fuero Comercial con su propuesta de pagar los 296 millones de pesos que deben desde el 2002 en una única cuota y con fondos que dijeron que no tenían, salvarse así de los intereses que implicaría un plan de cuotas y pagar los intereses por estos 18 años con dinero que logren arrancarle al Estado en juicios que le iniciaron al propio Estado por la quita de la concesión del Correo. Al día siguiente, el 16, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura desestimó la denuncia contra Lavie Pico a partir de un pedido de Juan Bautista Mahiques, espada de Macri y Garavano en el Consejo, y las firmas del diputado PRO Pablo Tonelli, el abogado radical Juan Pablo Más Vélez y el juez Juan Manuel Culotta, de estrecha relación con el macrismo. La firma de Tonelli es clave, ya que es parte de esta trama no sólo como diputado sino como abogado de Correo Argentino. La denuncia se terminó de archivar hoy. El 17, para completar la maniobra, los Macri pidieron la unificación de las causas contra el Estado en el juzgado de Lavié Pico. El 18, en la causa que iniciaron en 2016 para reclamar 2.365 millones de pesos, pidieron suspender los plazos hasta que se resuelva la unificación. Esta última esta en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N 12 que subroga la jueza Macarena Marra Giménez, cercana también al macrismo pero que hace poco falló en contra de la intención de Macri de transformar la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal. En este caso, Marra Giménez hizo los deberes y les habilitó el pedido.

Toda la estrategia de los Macri en torno a Correo choca contra la ley. Hace años que insisten con compensar su deuda con el Estado con la supuesta deuda del Estado con ellos, pero desde el 2009 la Corte Suprema ya descartó esta posibilidad. Por otro lado, el Código Procesal establece que para unificar las causas se requerirá “que el estado de las causas permita su sustanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados”. Las causas que ahora quieren unificar no cumplen este requisito.

Pero una revisión por estos expedientes arroja otro punto que demuestra que se trata de elegir a Lavie Pico por la estrecha relación que construyeron en los años de Macri en la Casa Rosada. En 2004, la familia Macri pidió que la causa radicada en el juzgado de Lavie Pico desde el 2004 se unificara con otra más antigua, la 26.548 que databa del 2000, aún abierta y que tramita en el juzgado Contencioso Administrativo Federal N 8 a cargo de la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre. Este pedido, al que tuvo acceso El Destape, lo firma el propio Tonelli, que por entonces prestaba servicios judiciales a los Macri desde su estudio jurídico y luego pasó a hacerlo desde una banca de diputado. La iniciativa fue rechazada, entre otros motivos porque la causa que tramita en el juzgado de Lavie Pico gira en torno a los decretos firmados por Kirchner y no a reclamos indemnizatorios. Si, como pretenden ahora, hubiera que unificar el reclamos del 2016 con alguna, sería con la causa más antigua que es la que data del 2000 y la tiene la jueza Gilardi Madariaga de Negre. Pero queda claro que la opción es Lavie Pico, una garantía.