La fiscal en lo civil Gabriela Boquin, a cargo del concurso preventivo de acreedores de Correo Argentino, solicitó a la Sala B de la Cámara en lo Comercial que requiera pericias contables sobre las empresas del grupo Macri para definir si finalmente hubo transferencias fraudulentas de dinero que afectarían el patrimonio de los acreedores, entre ellos el propio Estado nacoinal.
Según el dictamen, al que accedió El Destape, Boquin solicitó a los jueces que periten las transferencias de dinero desde Correo Argentino hacia Sideco y Socma, controlantes de la ex concesionaria del servicio postal. La fiscal busca dilucidar si los fondos "fueron utilizados para gastos correspondientes al giro ordinario y agregando la documentación respaldatoria" y saber si Correo Argentino cobró o no algún tipo de beneficio de las acciones de Chery Mercosur SA.
Boquin acusó al grupo Macri de realizar sospechosas transferencias de dinero desde Correo Argentino SA hacia las firmas controlantes a principios del año pasado. Están en la mira, por ejemplo, gastos por el alquiler de oficinas para el funcionamiento de la misma, cuando la empresa perdió la concesión hace ya 14 años.
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Esas transferencias, sospecha la fiscal, servirían para vaciar de fondos a la empresa cuyo patrimonio debe utilizarse para pagarle a sus acreedores, entre los cuales se encuentra el Estado Nacional.
Además, hubo una maniobra con la compra de acciones de la firma concesionaria de la marca Chery en Argentina. En 2008, Correo Argentino S.A. le compró a Socma acciones de Neficor SA (que administra la marca Chery en nuestro país) por la cual pagó 2 millones de dólares. Socma se guardó un derecho de recompra a un monto menor.
Para analizar estas operaciones, Boquin solicitó la asistencia de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero de Investigaciones (DAFI). Ese organismo, dependiente del Ministerio Público Fiscal, fue el que hizo la pericia que estimó que el acuerdo entre el Gobierno de Macri y el Correo representaba una condonación de la deuda de 4.200 millones de pesos a febrero de este año y $70 mil millones hacia el 2033, fecha en que culminaba el plan de pagos.