Tras la embestida contra los pensionados, el Gobierno gastará más de $ 65 millones en ceremonial para ser la sede de un congreso sobre invalidez laboral. En línea con los ajustes de Mauricio Macri y el FMI, el Ejecutivo presentó un recurso judicial extraordinario para que el máximo tribunal respalde la quita de los haberes a 160.000 personas. A la par, no escatimará en la organización de la Cumbre Mundial de Discapacidad de este año.
Entre 2016 y 2017, el Estado dejó de pagar 160.000 pensiones por discapacidad de forma unilateral. En lugar de acatar a la Justicia que lo declaró inconstitucional, el Gobierno insistió en darlas de baja con intimaciones a cada uno de los beneficiarios.
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Pese a que la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) consiguió el 15 de marzo que la Cámara de Seguridad Social vuelva a fallar a favor de los damnificados, la Agencia Nacional de Discapacidad (AND) apeló ante la Corte Suprema.
El organismo que depende de la vicepresidenta, Gabriela Michetti, pretende eliminarle el beneficio a aquellas personas que residen en el extranjero y cobran por invalidez laboral, a los que no se han presentado a cobrar durante tres meses consecutivos y a quienes tendrían trabajo registrado y/o recibirían otra prestación por parte del Estado Nacional. Este ajuste fue el publicado el 25 de septiembre del año pasado a través de la Resolución 268.
Según alegaron desde el ente a El Destape, el objetivo de dicho proceso era “brindar claridad y transparencia, y que la asignación económica le llegue a la persona que realmente le corresponda”. A pesar de que el tribunal previsional de alzada hace dos meses revocó esta decisión administrativa, la agencia se niega a cumplirlo mientras la Corte analiza si intervenir.
Este recorte sobre los más vulnerables que realizó el director del organismo, Santiago Ibarzábal, contrasta con los $ 65.255.943,92 que licitó para la producción y organización de la Cumbre Mundial de Discapacidad 2019 que se realizará en junio. La licitación pública 483-0001 la ganó Congresos Internacionales SA, según consta en la resolución 215/2019 de la AND. Fueron descartadas las ofertas de Dialal SRL, Punto Baires SA, Total Producciones SA y Oymyakon SA.
El ataque de Macri a los discapacitados
Estas contradicciones de oficiar de sede de un congreso sobre la discapacidad pero recortar pensiones tiene su cara más vil en las demandas de la AFIP contra la Asociación Pro Hogar del Discapacitado (PROHODIS), que alberga a 117 personas con discapacidades mentales y motrices graves. El organismo sin fines de lucro “se encuentra desprotegido ante la emergencia sanitaria declarada”, declaró la entidad, ante las más de 15 ejecuciones de en el fuero de la seguridad social que generan un grave riesgo de cierre.
Por ello, interpuso amparo contra AFIP y la Superintendencia de Servicios de Salud y solicitó una cautelar para la suspensión de las ejecuciones. Ante esto, el fiscal previsional Gabriel De Vedia dictaminó que la jueza a cargo debería dar intervención al Ministerio Público de la Defensa, aceptar la competencia del caso, tener por procedente la vía de amparo, proveer la medida cautelar solicitada y sustanciar en lo inmediato la prueba propuesta por PROHODIS.
El funcionario tuvo en cuenta que “aunque en el marco de otros supuestos fácticos distintos pero vinculados al derecho a la salud, la Corte ha interpretado que los jueces deben buscar soluciones que se avengan con la urgencia que conlleva este tipo de pedidos, para lo cual deben encauzar los trámites por las vías expeditivas, impidiendo que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela constitucional, lo cual se produciría si el reclamo tuviera que aguardar el inicio de un nuevo proceso”.
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