Despidos en el Estado: el recorte que abre el fuego cruzado con Gils Carbó

Todas las áreas del Estado sufrieron recortes de personal. Pero la finalización de los contratos, que muchas veces esconde una situación de precariedad laboral, alcanza ahora áreas vinculadas a la investigación por el atentado a la AMIA.

Es que, en medio de la poda de empleados que incluyó el Congreso, el CCNK, AFSCA, municipios y provincias, se sumó el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental de la causa AMIA (GERAD), un organismo creado durante 2015 en conjunto entre el Ministerio Público Fiscal y la cartera de Justicia para organizar, analizar y digitalizar archivos de la ex SIDE vinculados con el atentado, a partir del reclamo de agrupaciones de familiares de víctimas como Memoria Activa y APEMIA. La situación laboral de los contratados, a su vez, quedo envuelta en un nuevo foco de conflicto entre el ministro Germán Garavano y Alejandra Gils Carbó.

GERAD nació en junio del año pasado a partir de la resolución 1872 del MPF, pero sus empleados dependen del Poder Ejecutivo ya que su trabajo bien vale para la UFI, que supo tener al mando a Alberto Nisman, y la Unidad Especial AMIA, que depende del ministerio de Justicia y para el que fue nombrado el radical Mario Cimadevilla.

Sus empleados, hoy 14 en total, firmaron contratos en junio del 2015 por un plazo de seis meses, aunque fueron advertidos que, por la magnitud de la tarea, se renovarían. La contratación se realizó a través del Ente Cooperador ACARA. Sin embargo, el 14 de diciembre, fecha de finalización de los mismos, esto no ocurrió.

Inmediatamente, ATE reaccionó como así también las agrupaciones de familiares. En diálogo con El Destape, Adriana Reisfeld, de Memoria Activa, dijo: "Nosotros pedimos que sigan trabajando y la digitalización de esos archivos. Nuestro reclamo pasa por la Justicia. Nos metemos en una interna, lo deben resolver entre Garavano y Gils Carbó. Nos interesa que se hagan las cosas".

Garavano, que viene reclamando la renuncia de Gils Carbó y algunos de sus fiscales, pretende que los empleados de GERAD pasen a la órbita de la Procuración. Mientras tanto, y luego de la protesta de trabajadores y ATE que culminó en una reunión entre ambas parte esta semana, se acordó un período de transición, en el cual aquellos trabajadores se mantendrán en el ministerio hasta su pase al MPF.

Fuentes del Ministerio de Justicia confiaron a este medio que estiman que el plazo sea de alrededor de tres meses y acusan al gobierno anterior de "dejar caer los contratos". El ministro tuvo que hacer luego el mismo compromiso ante las organizaciones de familiares que le acercaron el reclamo.

Uno de los empleados confió a El Destape que "las condiciones de las contrataciones las desconocemos al momento, así como también la fecha en la que se realizaría y el período de duración".

Sin embargo, este no sería el final del conflicto sino que solo el inicio de la segunda parte. Fuentes cercanas a la procuradora Alejandra Gils Carbó dejaron trascender su malestar porque, argumentan, necesitan que les transfieran los fondos para hacerse cargo de ese personal. Desde la Procuración aseguran que el costo de los 14 contratos es de $250 mil mensuales. "Necesitamos que nos garanticen los fondos", reclaman.

Esta diferencia va de la mano del enfrentamiento más global entre Gils Carbó y Garavano. En la Procuración no cayó nada bien el decreto 257, que puso en suspenso la puesta en práctica del Código Procesal Penal Federal, y también recortó la autarquía financiera del Ministerio Público.

Mientras que en la ley original le aseguraba casi el 1% de los recursos tributarios, más alguna partida extra del Presupuesto, el DNU de Mauricio Macri modifica esa situación y crea una comisión entre representantes de la Procuración, el ministerio de Hacienda y la Bicameral del nuevo Código para definir el presupuesto. "Lo obliga al Ministerio Público a manejarse como si fuera un órgano del Ejecutivo y salir a pelear partidas", manifestaron. El conflicto, por ahora, sigue latente.