El juez Sebastián Casanello archivó una causa contra Guillermo Morenoen la que varios diputados macristas lo denunciaron por supuestas amenazas a empresarios para que no pusieran publicidad en Clarin y La Nación y así ahogarlos financieramente. “Los hechos denunciados no son constitutivos de delito”, concluyó el juez, luego de que tanto los testimonios de las propias empresas como los números de publicidad en esos medios que brindaron contradijeran la denuncia.
El contexto era 2012-2013, cuando Moreno buscaba que las empresas congelaran los precios. Desde Clarín y La Nación denunciaron que el Gobierno quería apretarlos económicamente y para eso enviaba a Moreno a amenazar empresarios para que no pautaran en sus páginas. Los entonces diputados opositores Federico Pinedo, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Jorge Triaca, Pablo Tonelli, Eduardo Amadeo, Gladys González, Enrique Thomas y Julián Obiglio firmaron la denuncia contra Moreno.
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Detrás de los diputados macristas llegó el abogado del Grupo Clarín, que “denunció que Guillermo Moreno habría dado la orden a las cadenas de supermercados y electrodomésticos, de poner fin a las publicidades de sus ofertas en los diarios y la televisión dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires”. Según los abogados del holding que comanda Héctor Magnetto la publicidad de esos anunciantes disminuyó de 2012 a 2014 a causa de las presiones de Moreno. El argumento, siempre repetido, era que “que dicha medida colocaba a su representada en una situación desventajosa en el mercado frente a sus competidores, perturbando seriamente la libre competencia y en cierta medida la libertad de expresión, afectando de esta manera, en definitiva, la subsistencia de medios independientes”. Nada decían de los aprietes del propio grupo a esos anunciantes para que no pongan pauta en otros medios ni de cómo, históricamente, fueron Clarín y La Nación los que ahogaron (y ahogan) la libre competencia mediática. Basta mencionar Papel Prensa como ejemplo.
En el caso de la publicidad, Casanello explica: “El quid de la cuestión, entonces, se centra en determinar si la prueba producida corrobora la hipótesis de que las mermas en publicidad evidenciadas fueron inducidas por el ex Secretario de Comercio Interior como una manera de ahogar financieramente al periodismo opositor”. Según los números y los testimonios que figuran en la resolución que firmó el juez, esto no sucedió así.
En los números, según lo que informaron las propias empresas, entre 2012 y 2014 Clarín obtuvo más de 200 millones de pesos en publicidad solamente de Cencosud, Makro, Garbarino, Coto, Wallmart, Falabella y Frávega. Esto sin tener en cuenta a Falabella y Fravega en 2012 y 2013 ya que no discriminaron sus pagos. Con el mismo criterio, La Nación embolsó 45 millones de pesos.
En ese marco, el juez reconoce que “si bien es cierto y de público conocimiento que por aquellos años existía un enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y algunos medios de comunicación, dicha circunstancia no implica per se avalar la hipótesis de que las medidas que adoptaron las empresas y repercutieron negativamente en el patrimonio de los diarios, estuvo guiada por amenazas y/o maquinaciones de algún funcionario público”.
Y concluye: “Los elementos de prueba reunidos no autorizan a presumir que los empresarios fueron coaccionados por algún funcionario para dejar de publicitar sus productos, ni tampoco para lograr aceptación en la medida de congelamiento de precios que había sido propuesta”
Clarín, poco creativo, denominó a esta situación “cepo publicitario”. El fiscal Guillermo Marijuan, siempre diligente, le dio impulso a la investigación. “Admiten los supermercados que hay un cepo publicitario”, tituló La Nación el 6 de julio de 2013. En la causa, sin embargo, dijeron lo contrario.
“Todos los supermercadistas y representantes de las cadenas de electrodomésticos negaron cualquier tipo de coerción en aquellos términos”, afirma Casanello. Se refiere a los testimonios de gerentes de La Anónima, Cencosud, Makro, Garbarino, Coto, Wallmart, Falabella y Frávega.
La cuestión refiere a una reunión del 4 de febrero de 2012, donde Moreno les pidió un congelamiento de precios. En la discusión de como mantener los márgenes de ganancia sin aumentar los precios, una idea fue reducir la publicidad ya que, con precios congelados, no hacía tanta falta. Según los testimonios, fue una sugerencia de tantas, sin amenazas.
Ricardo Raúl Blanco, de La Anónima, “señaló que en ningún momento había sido amenazado, ni había tenido noticias de ese tipo sobre otras personas”. Carlos Federico Velasco, director de Comunicaciones de Carrefour, “negó que en alguna oportunidad les sugirieran dejar de publicar avisos en La Nación y/o Clarín; refirió que Moreno siempre hizo referencia a la dinámica comercial. Por otra parte indicó que nadie de los presentes aludió a la suspensión de publicidad en los diarios. Por último contestó que no había recibido ninguna amenaza y no tenía conocimiento de que alguno la hubiera recibido”. Alejandro Walter Vivanco, Director Ejectutivo de Coto, “dijo que el trato fue muy cordial y ameno, que no hubo nada forzado”, “negó que la Secretaría de Comercio les hubiera sugerido dejar de publicar avisos en los diarios” y “negó haber recibido algún tipo de amenazas o amedrentamiento y tampoco conoció ningún caso de otros colegas”.
Osvaldo Mosteirin, director de administración de Wallmart, “negó haber recibido presiones o amenazas para adherir a la propuesta de congelamiento de precios”. Carlos Alberto Corro, Director Comercial de Jumbo, afirmó que “no había recibido ninguna presión ni amenaza para congelar los precios o cesar la publicidad, ni tampoco conocía a nadie que hubiera sufrido tal amedrentamiento”. Carmelo Ferrante, Director de Marketing de Garbarino, dijo “que no le constaba que hubiera habido un pedido de Guillermo Moreno de cesar la publicidad en los diarios de la Capital”. El resto de las declaraciones testimoniales van en el mismo sentido.
Los empresarios, según resumió Casanello, no redujeron el flujo de dinero a las arcas de Magnetto y Mitre por amenazas de Moreno, sino que todos explicaron que “el cese de publicidad no fue otra cosa que una política de la empresa –de la dinámica comercial- para abaratar costos y poder mantener los precios de los productos”. El juez insiste en que, si hubiera existido alguna amenaza de parte de Moreno la habría revelado alguno de los testigos, pero ninguno la mencionó. Descarta que esto sea por miedo ya que, aclara, todos prestaron testimonio luego de que Moreno dejara su cargo e incluso alguno ya con Macri en el Gobierno y, por ende, no tenía ningún poder de presión.
“No existió, o al menos no se verificó ninguna orden directamente encaminada a cesar la publicidad y perjudicar de esa manera a los medios de comunicación”, concluye Casanello.
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