En el primer semestre se dieron múltiples casos de detenciones y represión por protestas sociales, además de represalias contra demandas colectivas. El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma realizó un informe completo con el conteo de los casos donde se privaron derechos de los trabajadores.
En seis provincias y por diversos conflictos fueron detenidos 35 trabajadores y se les iniciaron causas penales. Tanto dirigentes como activistas fueron arrestados por las fuerzas de seguridad en Río Negro, Tierra del Fuego, Jujuy, Santiago del Estero, Salta y en el conurbano bonaerense. Estas detenciones se realizaron con el objetivo desarticular las protestas.
Además, el organismo que dirige Pablo Micheli registró 24 episodios de represión contra manifestantes en nueve distritos entre enero y junio.
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Como prácticas antisindicales, la CTA Autónoma señaló 15 empresas que despidieron trabajadores como represalia por la presentación de demandas colectivas. Entre otras, tomaron estas medidas Tenaris SIAT, Falcon SA (terciarizada de Aerolíneas Argentinas), la municipalidad de Morón y CI5 (terciarizada del Ferrocarril Sarmiento).
Además, el ente considera una regresión para los derechos laborales a los intentos de restringir el derecho a huelga a través de los órganos institucionales. Con esto se refiere al fallo de la Corte Suprema que limita la convocatoria a una organización sindical que cuente con el reconocimiento como tal por parte del Estado.
Además, incluye allí a la 823/2016 de Tierra del Fuego y la Resolución 142/2016 de la provincia de Buenos Aires, donde básicamente habilitan la sustitución de trabajadores de la educación que adhieran a los paros. Esta última logró frenarse a partir de la organización sindical.
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