A días de cumplirse el quinto aniversario de su muerte, una causa poco difundida vuelve a tomar relevancia. Se trata de un expediente, a cargo del Juez Claudio Bonadio cuya investigación, a pesar de que se encuentra desde el año 2015, no se encuentra activa. La Cámara Federal ordenó a Bonadío que no frene causa por lavado contra Nisman. La misma está abierta desde 2015 y el expediente podría ser un elemento revelador respecto a cuál era la situación financiera del extitular de la UFI AMIA al momento de su muerte.
Señala Gabriel Moroni en el portal Ámbito Financiero que hubo planteos contra el avance de este tramo de la pesquisa que fueron interpuestos por las defensas y que escalaron a la Corte Suprema, con el objetivo de cuestionar las imputaciones generadas a partir de un informe de la FINCEN de los Estados Unidos que confirmó la existencia de la cuenta en el Merrill Lynch donde había depósitos por u$s666 mil. El origen fue reportado como sospechoso y obligó a la apertura de una investigación por parte de las autoridades norteamericanas.
La causa, en sus inicios, recayó por primera vez en el juez Rodolfo Canicoba Corral, apartado por la Cámara luego de atribuirle ausencia de imparcialidad debido a una serie de declaraciones públicas que el magistrado hizo sobre Nisman. Por esto cayó en el Juez Bonadio, que suspendió las indagatorias y la causa no se movió más.
La causa por lavado se abrió luego de que la jueza Sandra Arroyo Salgado dé a conocer sobre la existencia de una cuenta que Nisman compartía con su asistente Diego Lagomarsino y que este último justificó como un pedido especial del fiscal está abierta desde 2015 sin avance alguno.
Por eso, con la firma de los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi hubo una orden directa para que Claudio Bonadio la active. “A la luz del letargo que exhibe el trámite del presente legajo, se torna necesario instar al juez de la anterior instancia a arbitrar los medios necesarios para que se avance en la pesquisa con la mayor celeridad que la investigación lo permita”, indicaron en un fallo que se expedía sobre una medida cautelar, en apariencia menor.
La decisión de apurar también vino por el reclamo de un empresario: Claudio Aníbal Picón que solicitó que le devuelvan la camioneta Audi Q3 que utilizaba Nisman pero que en realidad pertenecía a la firma Palermopack SA.
El Juez no quiso que vuelva a su dueño original porque consideró que podría terminar decomisada ante la chance de que se pruebe que su compra estuvo ligada a activos de origen delictivo. Picón se quejó de que habían pasado cuatro años y la causa estaba en estado “incipiente”, mientras el auto se desmejoraba. Pidió que se la entreguen como “depositario judicial”, algo a lo que la Cámara accedió al reprender al juez.
Desde su hallazgo, estacionada en las torres Le Parc de Puerto Madero se trazaron una serie de hipótesis respecto a la vinculación, por coincidencias societarias, de la empresa dueña del vehículo que utilizaba el fiscal con una serie de personas en común con el ex-CIA Frank Holder. Pese a los indicios, tampoco se intentó indagar en esa relación.
Además el portal asegura que la causa tuvo sus últimos movimientos en el año 2016. Casación confirmó como válido para la investigación el informe de la FINCEN que había sido cuestionado por las defensas. Era la puerta de entrada para conocer no solo los movimientos de la cuenta sino quiénes y por qué habían depositado los fondos hallados que no tenían justificación aparente. Y también el aporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central de Uruguay que informó un detalle extenso de actividad bancaria de familiares de Nisman y del propio fiscal en ese país, incluyendo los antecedentes referidos por el BBVA Uruguay, el Itaú, el Citibank, el Discount Bank, el Heritage y el Santander.
El informe revela que uno de los objetivos que se tenía con el patrimonio era la adquisición de tres unidades de un condominio denominado Pueblo Mío a nombre de la madre de Nisman por u$s 288.035. Sara Garfunkel figuraba como propietaria de esas tres unidades de propiedad horizontal, ubicadas en localidad de Manantiales, partido de Maldonado. El 9 de enero de 2015 la firma comercializadora recibió una transferencia de u$s10 mil proveniente de la cuenta del Merrill Lynch de Estados Unidos.
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