El último jueves la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley de Emergencia Alimentaria que habilita al gobierno nacional a incrementar, en al menos un 50%, las partidas presupuestarias destinadas a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición. Se espera que de esta forma se pueda atender con celeridad la grave situación en la que hoy se encuentran millones de personas que no logran satisfacer sus necesidades más elementales.
El profundo deterioro de todos los indicadores socioeconómicos como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno de Cambiemos nos llevaron a esta crítica situación. Acá no valen las metáforas que aluden a “tormentas”, “ríos por cruzar”, “vientos de frente” o “barcos que deben llegar a buen puerto” a las que son tan afectos varios funcionarios del gobierno. Que cada vez haya más personas que no puedan llevar un plato de comida a su mesa no es difícil de imaginar, si se tiene cuenta la evolución del precio de los alimentos, el deterioro del mercado laboral y la pérdida sistemática de poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones durante los últimos tres años y medio.
Según los datos del INDEC, la pobreza pasó del 25.7% en el segundo semestre de 2017 al 35.1%, en el primero de 2019. Se estima que hacia fin de año el porcentaje de la población bajo la línea de pobreza se elevará al 40%. Cabe recordar, que a la hora de evaluar los impactos de la pobreza, se observan marcadas diferencias por edad y género: afecta más a los menores de edad, los adultos mayores y las mujeres. Casi la mitad de los niños y adolescentes de nuestro país viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrir una canasta básica. Y esto no es el resultado de ningún fenómeno natural o externo, sino de un plan económico que privilegió a muy pocos sectores y deterioró las condiciones de vida de casi todos.
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Ante este acuciante panorama ¿qué sabemos del perfil de los funcionarios a cargo de formular e implementar políticas de desarrollo social en la cartera conducida por la ministra Carolina Stanley? ¿Realmente se trata de un equipo en condiciones de afrontar con rapidez y eficiencia la crítica situación en la que se encuentran millones de personas hoy en nuestro país?
Entre los funcionarios de Desarrollo Social, se destacan ex gerentes de Loma Negra, Telecom, Farmacity y distintos bancos
Tomando en cuenta los datos que producimos en el Observatorio de las Elites del CITRA sabemos que la Ministra conformó un nutrido gabinete, relativamente joven, con paridad de género y formación universitaria muy diversa, en donde, en muchos casos, los títulos de grado de los funcionarios, no guardan correspondencia con el cargo ejercido.
En este equipo conviven dos tipos de perfiles. Por un lado, un conjunto de colaboradores experimentados en la gestión pública que acompañó a la ministra Stanley durante su gestión en la cartera de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires (2011-2015). Por otro lado, un grupo de ex gerentes y directivos de importantes empresas privadas entre las que se destacan Loma Negra, Farmacity, Telecom, entre otras; y llamativamente, numerosos bancos, como el ICBC, Francés, Santanderrío, Bank of América, MBA Banco de Inversiones, HSBC, BNL, Banco Sol y Bankers Trust. Tal vez esta preferencia por reclutar funcionarios entre ex gerentes de bancos se vincule con el hecho de que la Ministra en cuestión es hija de Guillermo Stanley, ex directivo del Citibank y el Banco Macro durante los años ´90, pero no estamos en condiciones de asegurarlo.
Lo que sí sabemos es que hoy trabajan en el ministerio 21 altos funcionarios que integraron (o integran) el directorio de diversas sociedades comerciales. En la red que vincula cargos, empresas y funcionarios que se presenta a continuación se pueden apreciar los puestos desempeñados en sociedades anónimas (gris), sociedades de responsabilidad limitadas (verde) y empresas radicadas en el exterior (rojo).
Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social con participación en directorios de sociedades comerciales radicadas en la Inspección General de Justicia (junio 2018)
Algunos casos son por demás llamativos. El Secretario de Coordinación, Tomás Félix Elizalde, registra 20 cargos de autoridad en empresas locales y 4 como representante de firmas constituidas en el exterior. En el área de gestión territorial, se desempeñan 3 funcionarios que son socios de una empresa dedicada al servicio de expendio de comidas y bebidas, LCDTH SRL. Se trata de Diego Martínez, Director Nacional de Dispositivos Territoriales; Fernando Reggio, Subsecretario de Abordaje Territorial; y Mariano Gallegos, Coordinador de Planificación de Abordaje Integral. También es curioso el caso de Patricia Manusovich, que es la Coordinadora de Integración Infológica para Programas de la Economía Social, y registra participaciones en el directorio de 7 firmas radicadas en el extranjero, y el de Gabriel Castelli, el Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que figura en el directorio del Banco ICBC, el HSBC y Farmacity.
Difícil explicar la inclusión de tantos funcionarios con participación en empresas privadas en una cartera dedicada a promover el desarrollo social. ¿Qué expertise acredita un empresario o manager a la hora de diseñar e implementar políticas sociales? La única relación con el área social que pudimos encontrar en algunos de estos funcionarios es la de haber patrocinado o dirigido fundaciones, asociaciones y ONG´s varias (algunas de ellas vinculadas a la Iglesia Católica) destinadas a la acción solidaria, tales como Cáritas Argentina, ACDE (Empresarios Cristianos), Fundación Andares, Fundapaz, Justicia y Paz (Conferencia Episcopal) y Fundación El Observatorio Social, pero no parecen constituir antecedentes suficientes para abordar de una manera integral y efectiva la complejidad de la situación social imperante.
La implementación de la emergencia alimentaria queda así en manos de una especie de “Ministerio SA” que difícilmente se encuentre a la altura de las circunstancias. Un motivo más para reflexionar sobre el tipo de funcionarios/as que requiere un Estado que pretenda ponerse al servicio de la sociedad con capacidad, autonomía y racionalidad estratégica.
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