La Infantería desalojó a los trabajadores de la Cooperativa El Registro en Quilmes y dejó en la calle a 14 familias que sobrevivían por el empleo del lugar. El operativo, que se montó a las 6 de la mañana, fue realizado después de una decisión del juez de garantías del juzgado de garantías N2 de Quilmes Martin Nolfi. Fuera de la fábrica decenas de personas repudiaron la medida y pidieron que devuelvan el inmueble a los empleados.
El 26 de octubre de 2017, la fábrica cerró sus puertas y los trabajadores tomaron la planta tras alertar la maniobra de vaciamiento. "Los dueños presentaron un pedido de quiebra y después durante meses pidieron el desalojo", afirmó a El Destape Héctor Peloso, trabajador gráfico de la Cooperativa El Registro, que se dedicaba en mayor medida a la impresión de publicidad.
Los trabajadores denunciaron que policías rompieron la puerta de ingreso a la planta y que Infantería se apostó en la puerta para impedirles el paso. Denuncian además que los dueños de la fábrica están dentro del inmueble.
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De acuerdo a la defensa de los trabajadores, el juez del Juzgado Civil y Comercial N2 DE Quilmes había otorgado la continuidad de la Cooperativa y la guarda judicial de los bienes. Por otra parte el juez Nolfi ordenó el desalojo, pese a que en dos oportunidades anteriores lo había rechazado.
Tras el desalajo, el diputado bonaerense y militante bancario Miguel Funes junto al abogado Andrés Rodríguez Reveles, representante de la Federación Gráfica y de la Cooperativa, mantuvieron una reunión con el juez Martín Nolfi quien -según Funes- reconoció que no tenía el expediente completo a la hora de fallar por el desalojo.
Tras el comentario del juez, el abogado Rebeles presentó una carta a Nolfi para exigir que el fiscal Ariel Rivas envíe a la fábrica una consigna judicial que impida el sabotaje de máquinas, ataque que luego podría ser endilgado a los trabajadores.
“Queremos que el juez obre en consecuencia con la totalidad del expediente y teniendo en cuenta que los trabajadores contaban con fallos que avalaban el trabajo en la planta. Además que tenga en cuenta el proceder fraudulento de la firma empresarial que era dueña y que ahora reclama”, afirmó Funes a El Destape.
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