Hace poco menos de un mes Mario Santucho presentó el libro “Bombo, el reaparecido” en donde revela qué ocurrió con Julio Ricardo Abad, un militante del ERP que fue desaparecido en 1976 y que supuestamente fue visto en 2013 en Santa Lucía. En una parte del libro Mario, quien analiza la historia con precisión, dice que se puso a investigar sobre Bombo aún cuando todavía sabe muy poco de su propia madre, desaparecida por la última dictadura cívico-militar. La militante de izquierda y abogada querellante en causas de Derechos Humanos Myriam Bregman leyó eso, se impactó y contactó a Mario para hacerle una propuesta: que forme parte de un pedido colectivo de acceso a la información pública para reclamar al Gobierno que se abran archivos de la última dictadura cívico-militar argentina.
En abril de este año el gobierno de Estados Unidos le entregó al gobierno de Argentina -en el marco del proyecto iniciado en el año 2000- la cuarta (y última) entrega de documentos desclasificados relacionados con abusos de derechos humanos cometidos en Argentina entre 1975 y 1983. Es en ese marco que Patricia Walsh, Mario Santucho y otros familiares de detenidos-desaparecidos realizaron, patrocinados por Myriam Bregman, una presentación ante la Agencia de Acceso a la Información Pública para pedir la entrega de archivos sobre sus familiares.
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En 2017 entró en vigencia la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, según la cual cualquier ciudadano puede solicitar información al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y debe tener una respuesta adecuada en un lapso no mayor a 15 días. El macrismo aseguró en aquel entonces que es un avance en materia de transparencia estatal y por eso esta semana los familiares de desaparecidos hicieron esta presentación ante la Agencia de Acceso a la Información Pública. En diálogo con El Destape, la abogada Myriam Bregman explicó: “El macrismo hizo mucho discurso hablando de un Gobierno transparente y de la ley de Acceso a la Información así que es hora de que demuestre que está dispuesto a cumplir la ley. Nosotros no queremos ni más ni menos que acceso a la información pública. Queremos conocer las historias de los familiares y el destino de los mismos, así como el paradero de la obra inédita de Walsh, toda información que está en los archivos de la dictadura”.
En los pedidos que realizaron ante la Agencia los familiares de desaparecidos presentaron una extensa cantidad de pruebas para dar cuenta de que los archivos existen y que esta información se encuentra en los mismos. Las pruebas las colectaron los propios familiares junto al CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), en un trabajo de años. Patricia Walsh, haciendo honor a su apellido, llevó adelante una profunda investigación para poder señalar algunos de los lugares en donde podría encontrarse la obra inédita de su padre.
“En el pedido que hace Patricia Walsh lo que nosotros aportamos fue, por ejemplo, varios testimonios del recorrido que se cree que la obra de Walsh hizo y señalamos algunos lugares donde podría encontrarse la obra inédita de Rodolfo Walsh, que fue secuestrada en su casa de San Vicente. Estos testimonios los colectamos nosotros, es un trabajo y recopilación de datos nuestro que hicimos, por ejemplo, yendo a todos los juicios de la causa ESMA y hablando con los testigos” mientras agregó: “Nosotros estamos pidiendo que, en cada uno de los casos, se nos entregue todo lo que el Estado tenga y que se busque en los distintos estamentos del Estado”.
El martes pasado los familiares de desaparecidos hicieron esta presentación con sus respectivas pruebas. Según la ley de Acceso a la Información Pública, deberían obtener una respuesta en 15 días (prorrogables por otros quince más). En caso de obtener una respuesta negativa o poco satisfactoria ya decidieron cómo proceder: elevarán el pedido a la Justicia, en donde tienen fe de que la causa se resuelva a su favor tras el reciente fallo Savoia.
El fallo Savoia
En marzo de este año la Corte Suprema de Justicia falló a favor del periodista Claudio Savoia tras un pedido de acceso a la información pública de decretos dictados durante la dictadura. El máximo tribunal ratificó que cualquier persona puede pedirle información al Gobierno, sin distinción alguna, y que el Gobierno no puede decir simplemente que la información “es secreta” para no entregarla sino que, en caso de no hacerlo, debe justificar el por qué. Según el fallo “los sujetos obligados sólo pueden rechazar un requerimiento de información si exponen, describen y demuestran de manera detallada los elementos y las razones por las cuales su entrega resulta susceptible de ocasionar un daño al fin legítimamente protegido”.
Tras esta decisión de la Corte Myriam Bregman se siente confiada en lograr la desclasificación de los archivos de la dictadura: “Es central el fallo porque se reconoce el derecho de acceso a la información y con esto tenemos un punto fuerte y novedoso para seguir el pedido en la vía de la Justicia si es que la Agencia de Acceso a la Información no nos da respuesta”.
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