Durante los dos años que lleva Mauricio Macri en la Casa Rosada, el número de represores que están en arresto domiciliario pasó a superar con creces a los que se encuentran presos. De los que están alojados en dependencias penitenciarias, la mayoría pasa sus días en las comodidades de la cárcel VIP de Campo de Mayo, que el gobierno rehabilitó a fines de 2016.
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Los detenidos por delitos de lesa humanidad son 1034 – según el último informe de la Procuradoría de Crímenes Contra la Humanidad. De ellos, 549 pasa sus días en sus casas, mientras que 435 están detenidos en dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y en cárceles provinciales. Es decir, el 53 por ciento de los detenidos está en domiciliaria y solo el 42 por ciento en la cárcel.
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Más de 164 represores abandonaron la cárcel para ir a sus casas
En los dos años que lleva Macri al mando del Poder Ejecutivo, se revirtió la tendencia que existía a diciembre de 2015, cuando la cantidad de detenidos era de 1071. En ese entonces, el 56 por ciento de los represores estaba en la cárcel y el 41 por ciento en sus casas. En dos años, más de 164 represores abandonaron la cárcel para ir a sus casas, lo que muestra que más allá de avales y desmentidas por parte de distintos funcionarios de la administración Cambiemosla tendencia existe y parece ser fogoneada por algunas agencias del gobierno.
Días atrás, Infobae publicó que el SPF – que depende del Ministerio de Justicia – había incluido en un listado entregado el 8 de marzo en los tribunales al represor Alfredo Astiz como uno de los potenciales beneficiarios de un egreso anticipado de la cárcel por ser paciente oncológico. Astiz cumplió 67 años hace unos pocos meses, días antes de volver a ser condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), de donde se convirtió en un emblema. El gobierno incluyó en la misma nómina a otros integrantes de la misma patota como Jorge “Tigre” Acosta y Antonio Pernías, pero en el caso de ellos dos por ser mayores de 70 años.
El SPF realiza esos listados – que no solo contiene a represores mayores de 70, sino también a mujeres embarazadas o con hijos menores, por ejemplo – bajo el argumento de que existe una superpoblación carcelaria. Según las propias estadísticas del SPF, los 235 represores que se encuentran alojados en cárceles federales no llegan a conformar ni un 2 por ciento de la población carcelaria total, por lo que aun si salieran todos ellos, el SPF no llegaría a vaciar las 305 plazas que debería para no estar en emergencia.
La mayoría de los 235 represores presos en cárceles federales lo están en la Unidad 34 de Campo de Mayo, cuya reapertura a fines de 2016 fue impugnada por la Procuradoría de Crímenes de Lesa Humanidad. Son 89 los condenados o procesados por delitos de lesa humanidad que pidieron mudarse a la cárcel VIP, donde los reclusos pueden tomar hasta clases de yoga y lírica – según publicó El Cohete a la luna. La cárcel que funcionaba en Campo de Mayo se había cerrado en 2013 después de la huida de dos represores desde el Hospital Militar, lo que obligó a la gestión kirchnerista a extremar los recaudos para evitar nuevas fugas. Según la Procuración, las falencias de seguridad en Campo de Mayo no fueron saldadas.
En Campo de Mayo están, entre otros, el cura Christian Von Wernich, sentenciado en 2007 a prisión perpetua, y Julio Simón – el “Turco Julián”, el primer represor en recibir condena desde la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. También los acompaña Juan Daniel Amelong, el exmilitar y abogado que debe purgar una pena de prisión perpetua por crímenes cometidos en distintos centros clandestinos de Santa Fe y que frecuentemente provocó a testigos y jueces en los procesos en los que estuvo como imputado.
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