El presidente Mauricio Macri y su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, fueron denunciados penalmente para que se investigue la comisión y/o tentativa de comisión de ilícitos contra el Estado argentino por la nueva concesión del Puerto de Buenos Aires. Como reveló El Destape hace casi dos meses, las autoridades buscan achicar el puerto federal, concentrarlo en manos de una sola empresa y habilitar un enorme negociado inmobiliario.
La denuncia promovida por la abogada Stella Maris Ageitos también recayó sobre el interventor de la Administración General de Puertos (AGP), Gonzalo Mórtola y el "hermano del alma" de Macri, Nicolás Caputo, quien, como Cónsul de Singapur en Argentina, fue señalado como el hombre detrás del negocio para entregar el Puerto a una sola compañía de esa nacionalidad.
Ageitos remarcó que "la AGP pagó con dineros públicos una contratación directa a una compañía española (ALG-INDRA) para que elabore los pliegos para la licitación" del puerto. Como contó El Destape, esa compañía fue la designada para "lograr el objetivo de desarrollo de los nuevos pliegos" de concesión por un total de US$772.483, con la firma de Mórtola.
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En el primer proyecto, INDRA propuso que de las actuales tres empresas que operan el puerto se pase a dos pero luego, en junio de 2017, el diseño cambió y de las tres firmas se recomendó pasar a sólo una. En el informe se planteó la concesión de dos terminales de containers, pero una de ellas, la "interior" que combine las tres existentes, que operan desde 1994, - por 20 años con una inversión de entre 230 y 300 millones de dólares - y una "exterior" por fuera del área del puerto - por 30 años - de manera progresiva.
La abogada denunció que "desembolsaron al principio, 12,5 millones por los servicios contratados a la compañía española, pero luego, se pagó casi el doble, ya que modificando el primer pliego para realizar otro a favor de la empresa de Singapur que patrocinaría el “amigo del alma” de Macri, Cónsul Honorario en Singapur, Nicolás Caputo".
En la denuncia, a la que accedió El Destape, se especificó que los pagos a INDRA "se habrían “triangulado” a través de una empresa de alquiler de automóviles que un familiar de un Ministro de Macri, tiene en Europa, violentando la normativa legal vigente, tanto de ética pública, de presupuesto como de lavado de dineros".
Por ello, manifestó necesario acceder a la documentación y confección de pliegos y la modalidad del pago denunciado, para lo cual sería pertinente el allanamiento a oficinas de la AGP, de Transporte, que se llame a declaración testimonial a todas las empresas intervinientes en la licitación y a los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y José Luis Gioja, que fueron difusores del meganegociado de Mauricio Macri.
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