Los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade denunciaron penalmente a Juan José Aranguren por incompatibilidades de funcionario público. El ministro de Energía fue presidente de Shell hasta el año pasado y aún posee acciones de la petrolera, lo que contradice los requerimientos del cargo de no haber participado en las compañías sobre las que toma medidas por tres años.
Con su nueva función, Aranguren aumentó el precio del gas en pozo y contrató a la compañía o a subsidiarias para la provisión de combustibles. Por la Ley de Ética Pública no podría haber tomado esas decisiones hasta tres años después de haber renunciado a la petrolera anglo-holandesa, pero se desvinculó recién en junio de 2015.
En la última declaración jurada que facilita el Gobierno, de 2014, muestra que aún tiene en su poder $ 13.000.000 de acciones clase A de la casa matriz, Royal Dutch Shell PLC.
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Por el tarifazo también está sindicado David Tezanos, actual interventor de Enargas y hasta diciembre presidente de Metrogas, firma regulada por aquella. Además ocupó cargos gerenciales en grandes empresas del mercado como la francesa Total y la alemana Wintershall y fue jefe de despacho de Transportadora Gas del Sur, la principal transportista de gas por gasoductos del país.
Además, figura el sub-interventor del Enargas, Daniel Perrone, otro exdirectivo de Transportadora de Gas del Sur.
Los legisladores nacionales del FPV explicaron a El Destape que habían realizado una denuncia ante la Oficina Anticorrupción, pero ante la falta de respuesta decidieron radicarla en el Juzgado Federal 9, a cargo del juez Luis Rodríguez, con el Fiscalía 4 de Carlos Stornelli.
Como mostró Economía Política, el tarifazo y otras medidas de la cartera beneficiaron a la empresa de Aranguren y a los exempleadores de Tezanos, Perrone y también José Luis Sureda, secretario de Recursos Hidrocarburíferos que se desempeñó como directivo de Pan American Energy.
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