El apoderado del Frente Grande de la provincia de Salta, Diego Saravia presentó un recurso de queja ante la Corte de Justicia de la provincia que podría tener incluso alcance nacional. Ocurre que, previo a las elecciones provinciales (que fueron el 11 de noviembre), el 1 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de verificación de las máquinas de voto electrónico con los diferentes apoderados de los espacios políticos que competían.
Sin embargo, durante la misma no se realizó la auditoria del código fuente: “Es una grave irregularidad la que se cometió y nosotros venimos denunciando. En esa audiencia solo se nos mostró el código de pantalla. Le pedimos parte del código fuente del sistema y no lo presentaron en ese momento. No se cumplieron los fines de la audiencia” relató Saravia a El Destape.
Una de las argumentaciones que esgrime Saravia para plantear la nulidad de la elección y presentar el recurso de queja es que, los asesores no pudieron responder los cuestionamientos que llevaron desde los diversos espacios políticos: “Cuando preguntábamos por el código fuente no nos sabían responder. Era evidente que el personal que asistió a la audiencia no estaba capacitado”.
El código fuente en las máquinas de voto electrónico, que en la provincia de Salta se utilizaron las de la cuestionada firma MSA -Magic Software Argentina SA- determina el efectivo manejo de las máquinas: “Notamos que en muchas oportunidades muchos votantes votan por un candidato y en las máquinas aparece otro. Por eso era importante realizar esta auditoría para poder verificar la transparencia de las elecciones”.
El 8 de noviembre (tres días previos a las elecciones) se denunció que las máquinas de voto electrónico de MSA fueron descubiertas en el domicilio de una familiar de un concejal que integra el Frente liderado por Gustavo Sáenz.
Se trató de Marcela Agüero, perteneciente al Partido Renovador de Salta, actual integrante del oficialismo que forma parte del Frente de Gustavo Sáenz en la localidad de Metán. Allì se encontraron máquinas que fueron utilizadas el 11 de noviembre de 2019, lo que constituye una gravísima situación institucional y atenta contra las garantías democráticas.
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