En el marco de las movilizaciones realizadas por el 39º aniversario del último golpe de Estado, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, HIJOS y Familiares leyeron un documento donde el eje central de las críticas fue, nuevamente, la justicia. Las faltas de mérito a favor de los empresarios Vicente Massot y Carlos Blaquier y el directivo de Editorial Atlántida, Agustín Botinelli; la negativa del juez Julián Ercolini de llamar a indagatoria a Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, en el marco de la causa Papel Prensa, estuvieron entre las medidas mencionadas.
Si bien comenzaron con una reivindicación de los procesos judiciales llevados adelante, le reclamaron al Poder Judicial "seguir respondiendo a los reclamos del pueblo para que ningún genocida camine por las calles". Entre 2006 y 2015, 563 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad. Sólo un cuarto de esas condenas están firmes. Entre las sentencias dictadas y la ratificación de los fallos, a cargo de la Cámara de Casación, suelen pasar entre dos y tres años.
La Corte Suprema no fue excluida de las críticas debido a su reciente 280 (desestimación de tratar una causa sin fallar sobre el fondo) en la causa por los crímenes cometidos por oficiales y suboficiales contra los soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas. El reclamo había comenzado en 2007, en el Juzgado Federal de Río Grande. La Cámara de Casación, después de dos instancias favorables hacia la denuncia, declaró los hechos como prescritos. Allí, el Centro de Ex Combatientes (CECIM ) de La Plata recurrió en queja al Máximo Tribunal que, con su decisión, clausura la posibilidad de investigar.
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La causas contra los civiles, demoradas
Hace dos semanas, el abogado subrogante Claudio Ponte declaró la falta de mérito contra el empresario periodístico Vicente Massot, quién estaba acusado de ser coautor de los asesinatos de dos obreros gráficos con injerencia sindical en la Nueva Provincia. También se le imputaba la realización de aportes "esenciales para encubrir y favorecer la represión genocida" desde el diario.
Los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani apelaron la decisión de Pontet, quién consideró que no está probada "la vinculación personal de Vicente Massot con el aparato estatal genocida" ni tampoco su autoría "de las noticias y editoriales" o "su directo control y capacidad de decisión en ese medio, y menos aún su efectiva participación en los secuestros, torturas y homicidios imputados".
En la misma línea de "faltas de mérito", Carlos Blaquier, presidente de la empresa Ledesma fue también beneficiado con esa medida, que alcanzó además al ex administrador de la firma, Alberto Enrique Lemos. La Sala IV de la Cámara de Casación consideró que no puede ser considerada como colaboración la participación de los vehículos de la empresa en la "Noche del Apagón", donde se secuestraron en Jujuy unas 400 personas.
Otro de los fallos cuestionados por los organismos de Derechos Humanos fue la negativa del juez Julián Ercolini de llamar a indagatoria a los responsables a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, entre otros, por la causa Papel Prensa. El fiscal Leonel Gomez Barbella había considerado que los directivos de Clarín y La Nación participaron del desapoderamiento de la empresa de manera extorsiva. Cuando Ercolini rechazó llamarlos, el fiscal y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reiteraron su pedido, algo que el magistrado desestimó en tan sólo una carilla.
A todas estas medidas, llevadas a cabo en el último mes, se suma otra falta de mérito: la que benefició a Agustín Botinelli, uno de los ex directivos de Editorial Atlántida . El jefe de redacción de "Para Tí" fue procesado en aquél momento por Sergio Torres, por publicar en 1979 una falsa entrevista a Thelma Jara de Cabezas, quien se encontraba cautiva en la ESMA. Botinelli estaba acusado por encubrimiento y participación en los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio.