La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) realizó un informe sobre los juicios por delitos cometidos durante la última dictadura y afirmó que existen 1038 detenidos, de los cuales 549 tienen el beneficio de la prisión domiciliaria.
El documento se conoció una semana después de que la Justicia le otorgara la domiciliaria al ex policía bonaerense Miguel Etchecolatz, que ahora está preso en su casa de Mar del Plata.
"A diciembre de 2017, son 1305 los imputados libres y 1038 los detenidos. Un total de 599 personas ha fallecido, 499 antes de ser sentenciadas y 100 luego del dictado de su condena o absolución. Por último, existen 37 personas que se encuentran prófugos de la justicia, un número levemente menor a 2016 (44), que implica que durante el año hubo varias capturas", afirmó el informe.
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Sobre los detenidos, especifica que "549 se encuentran en arresto domiciliario mientras que 435 están recluidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) o provincial, al tiempo que hay un internado por fuera del SPF y otras 53 personas se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad".
En tanto, la Procuraduría que encabezan el fiscal federal Jorge Auat y Carolina Varsky aseguró que tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó el 2x1 para el cómputo de la pena en el caso del represor Luis Muiña se registraron 118 planteos en el mismo sentido, antes de que el Congreso prohibiera esa posibilidad en casos de lesa humanidad.
Sobre 2017, el informe sostuvo que se dieron 26 nuevas sentencias, en las que se condenó a 198 personas y se absolvió a otros 36 imputados.
"Al 22 de diciembre de 2017 se registran un total de 593 causas en trámite, en las que son (o fueron hasta su fallecimiento) investigados 2979 imputados", indicó la PCCH.
En tanto, la Procuraduría estimó que las causas duran un promedio de 5 años y advirtió que "la instancia que mayor tiempo ha tomado hasta el momento es la confirmación de la sentencia por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, con una demora de casi dos años luego de conocidos los fundamentos de la sentencia de TOF".
"Le sigue la instancia entre el inicio del debate y el veredicto, a cargo del TOF, con casi un año y ocho meses. A continuación se encuentra el periodo entre la sentencia de la CFCP y la confirmación del último recurso ante la CSJN, que demora en promedio un año y cinco meses", resaltó el informe.
Al respecto, afirmó que "los responsables del trámite de las causa demoran en conjunto más de cinco años en resolver si una causa se eleva, realizar el juicio, dictar la sentencia y en confirmarla o no en las instancias recursivas posteriores" y señala la existencia de "cuellos de botella" durante el proceso, los cuales son necesarios resolver.
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