El neoliberalismo clásico, condensado en lo que se denominó "Consenso de Washington", tenía tres ejes principales: desregulación de la economía, privatización de los bienes públicos y descentralización del Estado.
En los '90, durante la presidencia de Carlos Menem, estas tres consignas fueron desarrolladas casi al pie de la letra alentadas y elogiadas por los organismos de crédito internacional como el FMI y el Banco Mundial. Estos prestaron al país miles de millones para que junto a las divisas ingresadas por la venta de cientos de empresas estatales, el modelo pudiera sostenerse aunque se fugaran del país los dólares generados a partir de la especulación financiera.
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La consecuencia más desastrosa fue la aniquilación de la industria nacional, que lógicamente no pudo competir con los precios de los productos importados, generando así desocupación, disminución del consumo, caída de la recaudación, entre otras consecuencias. El campo por su parte, debido al alto valor del peso, ficticiamente igualado al dólar, no podía competir internacionalmente, viendo notablemente reducida su capacidad para exportar.
Este modelo de endeudamiento, valorización financiera por sobre la producción, desocupación y pobreza crecientes, achicamiento del Estado y sus atribuciones, explotó en diciembre del 2001, generando un estallido social que todos los argentinos tenemos muy presente en nuestra memoria.
En 2003, con la presidencia de Néstor Kirchner, la receta de la desregulación dejó de ser escuchada. El Estado volvió a ocupar un rol central, fijando políticas económicas y monetarias con el acento en el consumo, la producción, el desarrollo tecnológico, la distribución de la riqueza, la ampliación de la obra pública, el fomento y la protección del empleo y la recuperación de los activos públicos privatizados. Se vivieron así 12 años de despegue y crecimiento que hicieron que el mundo hablase del "milagro argentino".
La derecha de nuestro país, ligada a los grupos económicos más concentrados y a los intereses extranjeros, y encarnada en la figura de Mauricio Macri, entendió que debía cambiar su estrategia, toda vez que con el discurso privatista y anti-Estado tendría escasas posibilidades electorales. Por eso, durante todo el 2015 inició una fuerte campaña que consistió en cambiar radicalmente su discurso previo, de cara a generar confianza en un electorado que años atrás le era esquivo.
Cuando en plena campaña electoral se planteó que la alianza Cambiemos significaba una vuelta al neoliberalismo que hundió al país en los '90, no era una mera estrategia electoral de demonización tendiente a generar miedo, sino que se intentó romper el cerco mediático que ocultaba las verdaderas intenciones que esa opción representaba.
El fin era concientizar acerca de los riesgos de votar a los enviados del establishment económico, cuya misión era aprovechar el contexto actual del país, mucho mejor que el heredado por Menem en 1989, para generar una tremenda transferencia de recursos hacia los sectores concentrados, como se está viendo desde el 10 de diciembre.
Se empezó por la desregulación: se liberaron importaciones, se eliminaron retenciones a las exportaciones primarias, se liberó el dólar (generándose una devaluación del 40% en un día), se redujeron impuestos a los autos de lujo, entre otras medidas. En cuanto al papel del Estado, empezó el achicamiento mediante el despido de miles de trabajadores, a la vez que el Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, amenazó a los gremios de cara a la paritaria, "aconsejándoles" reducir sus pretensiones salariales. Y si bien aún no se efectuaron privatizaciones, fueron designados varios CEOs de multinacionales en distintas áreas estratégicas del gobierno nacional.
La justificación es que "liberando" las fuerzas productivas, a partir de la eliminación del peso regulatorio del Estado, éstas podrán desarrollarse al máximo. Sostienen también que el consumo era nocivo y que en cambio es tiempo de recibir "inversiones", que llegarán si hay un clima de negocios propicio y reglas claras.
Es decir, un montón de eufemismos que en realidad quieren decir que el Estado no se interpondrá en la relación entre la patronal y los trabajadores, que las empresas podrán fugar todas las ganancias que quieran, que los especuladores financieros podrán hacer sus negocios sin grandes presiones fiscales, que los formadores de precios podrán fijar valores internacionales a los alimentos, y que todo esto se sostendrá mediante un fuerte endeudamiento externo que pagaremos durante décadas.
El poder mediático será el sostén ideológico del modelo que están instaurando, mediante el ocultamiento, manipulación o justificación de cada política antipopular. Las fuerzas represivas harán el resto.
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