El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, decidió revocar la compra de aceite y arroz para comedores que se hizo, según admitió la cartera, a precios superiores a los de referencia. Esta medida la tomó tras echar al funcionario responsable de esta adquisición. Además, con él se fue todo su equipo: un total de 15 renuncias.
Fuentes cercanas al ministro le aseguraron a El Destape que se está preparando una nueva licitación para la compra de 1.700.000 botellas de aceite de litro y medio y 640 mil paquetes de azúcar de un kilo. Arroyo había aclarado que en el caso de los fideos se pagó 84 pesos por kilo y no por paquete de medio kilo, en lo que fue una respuesta a una polémica que se desató en las redes sociales por los valores que el Gobierno aceptó pagar. "Azúcar y aceite que los precios están por encima de los precios testigo de la Sigen, que no contempla la logística. Se evaluó que claramente había que comprarlo igual porque estamos en emergencia", dijo el funcionario.
La situación generó una fuerte polémica, que derivó en la decisión del presidente Alberto Fernández de no pagar la compra al precio establecido originalmente. La nueva licitación estará sujeta a la disposición que saldrá en breve en el Boletín Oficial y que apunta a que ningún precio a abonarse en el marco del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios podrá ser superior a los Precios Máximos establecidos por la Secretaría de Comercio.
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Arroyo avanza en este nuevo proceso luego de pedirle la renuncia al secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo, un ex funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown, responsable de la compra de esa partida de alimentos de casi 400 millones de pesos, que incluyó fideos, azúcar y aceite. Desde el ministerio explicaron que el despido se debió a que gue Calvo quien "tomó la decisión de avanzar con la compra" de los alimentos.
El Ministerio de Desarrollo Social sumó refuerzos millonarios para confrontar con la pandemia, que se sumaron los recursos destinados a mitiga la emergencia social que ya padecía el país. La distribución de esos recursos provocó tensiones hacia el interior de la coalición gobernante, sobre todo en sectores que cuentan con representación en el ministerio. En las últimas horas, por caso, Juan Grabois -dirigente de la UTEP, que conduce varias secretarías- cargó contra el Gobierno por la polémica compra. Cerca de Arroyo aseguran que duele el "fuego amigo", pero prefieren enfocarse en la investigación interna para esclarecer el caso por el que ya rodaron varias cabezas.