La elevada exposición a los conflictos de interés derivado de la incorporación de empresarios y ex gerentes en la función pública es una de las marcas distintivas del gobierno de Cambiemos. La presencia de personas con trayectorias fluidas de circulación público privada o exclusivamente privada en los altos puestos del Estado es propia de esta gestión: son muchos, están distribuidos prácticamente en todo el entramado estatal (gabinete, empresas públicas, entes reguladores y organismos descentralizados) y a diferencia de otras oportunidades, ocupan puestos de alta visibilidad dentro del organigrama de gobierno.
La decisión de Macri de conformar su gabinete privilegiando este criterio de reclutamiento bajo el argumento de mejorar la eficiencia de la gestión estatal permitió que los lobbies empresariales tuvieran un acceso muy fluido a diversas áreas de decisión configurando en algunos casos situaciones de conflictos de interés explícitos en donde los funcionarios implementaron medidas que favorecieron directamente a sus antiguos empleadores. Las áreas de Finanzas, Energía, Agroindustria son algunos de los ejemplos paradigmáticos para ilustrar el fenómeno a nivel nacional.
Ahora bien, considerando que la carrera política de Macri se inició en la Ciudad de Buenos Aires, un distrito que gobierna el PRO ininterrumpidamente desde 2007, cabe preguntarse qué sucede allí con la exposición a los conflictos de interés.
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A diferencia de lo que pasa en el gabinete nacional, los funcionarios del gobierno de la CABA estrechamente vinculados con empresas privadas se concentran en un área particular de la gestión municipal: el ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. ¿De qué se encarga ese ministerio? Cumple una misión estratégica y altamente sensible a los lobbies empresariales: diseña e instrumenta las políticas destinados al planeamiento urbano, ejecuta y fiscaliza las obras públicas de la Ciudad de Buenos Aires. La determinación del uso del suelo urbano en el distrito donde el precio del mismo es el más alto del país constituye sin lugar a dudas una arena de disputa crucial y asimétrica entre diversos actores. En esa interacción. los intereses privados que procuran obtener nuevos negocios que generen maximización de sus beneficios, suelen contraponerse al interés público que deben defender los gobiernos; en este caso, garantizar el acceso a un espacio urbano de calidad para los/las que vivimos y/o transitamos la Ciudad de Buenos Aires.
Al analizar las trayectorias ocupacionales y la participación en directorios de sociedades comerciales de los funcionarios de esta área tan estratégica del gobierno municipal, observamos la profunda imbricación que existe entre los encargados de formular y aplicar las políticas públicas de desarrollo urbano y las empresas constructoras que operan en la Ciudad, especialmente en el caso de la Subsecretaria de Registro, Interpretación y Catastro.
En efecto, esta Subsecretaría tiene como objetivo “agilizar los trámites, optimizando los plazos y la calidad del servicio, resolviendo la problemática de la vivienda y minimizando los problemas administrativos, para que las construcciones se hagan con buena arquitectura, respetando a la ciudad y a los vecinos”. Específicamente, es la encargada de regularizar la situación dominial de los barrios en proceso de reurbanización de acuerdo a la normativa vigente, intervenir en la regularización de obras ejecutadas sin permiso y en la reglamentación de los Códigos de Edificación y Planeamiento Urbano, en lo que respecta a los aspectos técnicos relativos a la interpretación urbanística. En resumen: es la dependencia encargada de interpretar la normativa que rige la construcción en la Ciudad y regularizar situaciones de dominio en procesos de reurbanización que afectan directamente el acceso y la calidad del espacio público.
El funcionario a cargo de la Subsecretaría desde 2016 es el arquitecto Rodrigo Cruz, que en 2004 ingresó como asesor en la Legislatura de la Ciudad y en 2010 se incorporó al Consejo del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad. El problema no está en los antecedentes académicos y profesionales del funcionario sino en la elevada exposición a los conflictos de interés, tanto potenciales como explícitos, que se derivan de su directa vinculación con firmas desarrolladoras urbanas.
Según consta en los registros de la Inspección General de Justicia actualizados a septiembre de este año, Cruz integra el directorio de cuatro empresas dedicadas a la construcción urbana: 3S SRL (proyectos, dirección y construcción de obras de arquitectura); AUDECO INVERSIONES SA (servicios de arquitectura e ingeniería); EDIFICATA SRL (construcción, reforma y reparación de edificios residenciales); y ROOSEVELT DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA (construcción, reforma y reparación de edificios residenciales). Y lo más llamativo es que comparte directorio en esas cuatro empresas con el arquitecto Daniel Chaín, ex Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad durante toda la gestión Macri (2007-2015) y ex Secretario de Obras Públicas de la Nación entre diciembre de 2015 y enero de 2017, marcando una clara línea de continuidad durante toda la gestión del PRO en Buenos Aires en lo que respecta a la exposición a la captura por parte de intereses privados en el ámbito del desarrollo urbano.
La ley de Ética Pública de la Ciudad establece claramente la incompatibilidad para el cargo público si un funcionario “participa de una concesionaria o prestadora del Estado o si realiza actividades reguladas por el Estado, siempre que el cargo público tenga competencia funcional directa respecto de la contratación obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”. En el caso de la Subsecretaría en cuestión, el funcionario a cargo tiene la potestad de regularizar obras ejecutadas sin permiso entrando claramente en una situación de incompatibilidad por estar integrando a la vez el directorio de cuatro empresas desarrolladoras que operan en la Ciudad.
Más allá de la situación particular, el caso permite corroborar una impronta distintiva del gobierno de Macri que se continúa a nivel municipal en la gestión de Rodríguez Larreta: el profundo entrecruzamiento entre intereses privados e interés público en las áreas de gestión más sensibles a la regulación estatal y más proclives a la captura por parte de los lobbies sectoriales. Recuperar la autonomía a la hora de formular e implementar políticas públicas es la clave para construir una ciudad más vivible para todos y todas.
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