El presidente Alberto Fernández anunció este domingo, en el marco del inicio del año legislativo, cinco cambios clave que espera realizar para reordenar la justicia federal.
“Venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza”, afirmó el jefe de Estado en la apertura del periodo 138° de sesiones ordinarias del Congreso. Y en se marco desarrolló algunos pasajes de la reforma de la justicia federal que enviará al Parlamento con la esperanza de poder implementarla en el corto plazo.
Los puntos principales fueron:
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1) La creación de un nuevo Fuero Federal Penal, que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se trata de una reforma que disuelve el poder de los tribunales federales de Comodoro Py, cuyo núcleo central son los 12 juzgados de primera instancia y la cámara revisora. Dos emblemas de ese sistema que se busca desarmar fueron el recientemente fallecido Claudio Bonadio y el presidente del tribunal de alzada, Martín “Doctrina” Irurzun.
Con esta fusión de fueros, “los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado Nacional, dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados. Estamos terminando para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido”, explicó el Presidente.
Se trata de una antigua idea del exministro de Justicia y hoy asesor presidencial, Gustavo Béliz, que es resistida por la gran mayoría de los jueces federales con asiento en el edificio de Retiro. Por ejemplo, un camarista que tiene despacho allí aseguró a El Destape: “La reforma Beliz-Campagnoli es impracticable en lo inmediato. Quiero ver la letra chica del proyecto”.
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2) Impulsar un fortalecimiento de toda la actuación de la justicia federal penal en las zonas más críticas donde el crimen organizado ha logrado desarrollarse a través del narcotráfico. Fernández hizo especial énfasis en las zonas de Rosario y Santa Fe.
En este marco, se creará “una nueva sala y una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario”.
3) La aplicación rápida del sistema acusatorio, para lo cual se fortalecerá al Ministerio Público Fiscal.
Mediante el código acusatorio se empodera a los fiscales en detrimento de los magistrados, ya que pasarán a ser los que impulsarán la acción penal.
“Vamos a reforzar la creación de nuevos cargos auxiliares fiscales y asistentes fiscales bajo la órbita de un fiscal coordinador de distrito”, indicó el Presidente ante la Asamblea Legislativa. Se trata de un paso determinante para poder implementar el nuevo sistema, que por ahora solo se aplica en Salta y Jujuy.
El primer mandatario también destacó que propondrán “la creación de un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría federal en la ciudad de San Lorenzo que también va a estar orientada a la investigación de la trata de persona, el lavado de dinero y el narcotráfico”.
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4) Impulsar una profunda transformación en la justicia contencioso administrativa de la Capital Federal, un área central para resguardar los intereses patrimoniales del Estado.
¿Qué se propone? Una unificación con los recursos existentes en el área de la justicia civil y comercial federal.
“Se trata de agilizar las causas, de evitar onerosas cuestiones de competencia y de optimizar el funcionamiento de los mejores recursos humanos del Poder Judicial”, señaló Fernández, quien enfatizó que lo que busca es “desterrar para siempre las componendas entre el poder político y el poder judicial, sean del color partidario que sean”.
5) Conformar un Consejo para Afianzar la Administración de Justicia.
Será un cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo que estará integrado por prestigiosas personalidades del mundo académico y judicial. Deberá proponer transformaciones de fondo del Poder Judicial.
Algunos de los aspectos sobre lo que el Presidente quiere avanzar son:
-La optimización del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Dentro de lo que afecta al Alto Tribunal, el Presidente quiere repensar el alcance del recurso extraordinario.
El juez Mariano Borinsky, miembro de la Cámara Federal de Casación Penal, indicó a este medio que la mencionada “optimización” significa “achicar los más de 20.000 expedientes que le llegan” al Tribunal Superior para lo cual, el tribunal que integrá -que es la máxima autoridad penal federal del país- cumplirá un rol central.
-La modernización del Código Penal de la Nación. A los ojos de Borinsky, esto implica “incorporar los nuevos delitos tecnológicos, violencia de género, terrorismo, crimen organizado, narcotráfico”.
-El mejoramiento del trabajo del Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona y sanciona jueces.
-La instauración del juicio por jurados.
-El fortalecimiento del rol del Ministerio Público Fiscal.
Todos los proyectos que proponga el mentado consejo serán enviados al Congreso, que en definitiva, será el que tendrá la última palabra.
Tras los anuncios del Presidente, queda claro que se busca dar por tierra con el Lawfare que se desplegó durante los cuatro años que gobernó el macrismo. En palabras de Fernández, con las modificaciones que anunció quiere evitar “el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos”, impedir “la construcción de falsas causas”, terminar “con la arbitrariedad en materia de detenciones” e “impedir para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”.
Lo que se dice, una vuelta de página en materia judicial. La gran incógnita es si logrará concretarla.
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