La llegada de marzo marcará la fecha límite para alcanzar o no un acuerdo con los bonistas para reestructurar la deuda externa. En ese contexto, más allá de las lógicas complicaciones que provocó el macrismo, el Gobierno confía en que las condiciones de negociación son mejores a las que debió enfrentar el propio presidente, Alberto Fernández, cuando acompañó a Néstor Kirchner en 2005 durante aquel proceso.
La situación actual marca que Argentina ya contrató a Bank of America Corp. y HSBC Holdings Plc para que sean los agentes colocadores de su reestructuración de deuda y contrató a Lazard para que sea su asesor financiero, según un comunicado del Ministerio de Economía. Así, buscarán rastrear a los tenedores de los títulos argentinos para hacerles una propuesta definitiva en las próximas semanas.
Según trascendió desde que se inició el proceso de recupero de sostenibilidad de la deuda, la cartera que conduce Martín Guzmán solicitaría aplazar los pagos hasta 2024, además de incluir una rebaja en el pago de capital,o una disminución en la tasa de interés. Para llegar a ese acuerdo, se precisa que el 75% de los acreedores acepten. Sin embargo, esta condición surge como una novedad en la historia de la deuda externa y aquí radica el optimismo del Gobierno.
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Antecedentes
En 2016, el expresidente Mauricio Macri impulsó una ley para cerrar los juicios residuales y pagar los reclamos de fondos buitre, los cuales se referían a bonos emitidos de la década del 90 y defaulteados durante la crisis de 2001. Claro, la decisión devino de un conflicto apoyado por el juez estadounidense Thomas Griesa, quien a través de sus resoluciones ató al país a los intereses de los holdouts.
Cuando los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner negociaron con los tenedores de títulos nacionales, los contratos se regían bajo la lógica financiera clásica. Es decir, cualquier modificación de las condiciones comerciales (tasa de interés, plazo o monto adeudado) debía contar con el consentimiento absoluto de todos los acreedores, algo imposible de llevar a cabo en la práctica por el hecho de una sola negativa hubiera hecho caer cualquier tipo de consenso.
En 2012, el fallo del magistrado determinó que Argentina discriminó a los bonistas que rechazaron ingresar en las reestructuraciones de 2005 y 2010, cuando se logró una adhesión del 92,7% de los acreedores. La resolución de Griesa se basó en una interpretación expuesta por los holdouts de la denominada cláusula pari passu, que permite que un solo acreedor pueda obtener el cobro del monto adeudado fuera del arreglo global.
El término, que procede del latín, significa algo como “igualdad de condiciones”. Aplicado a materia judicial y económica, particularmente en concursos y quiebras, tiene que ver con que se considere a todos los acreedores sin hacer preferencias, es decir, de igual forma. Para favorecer a los buitres, el juez había congelado los depósitos realizados por Argentina para los tenedores de bonos reestructurados, mientras no se le pague a los buitres el monto reclamado.
¿Cuál era la traba que tenía Argentina en ese momento? RUFO es la sigla de Rights Upon Future Offers. Se trató de una cláusula que se incluyó en los canjes de deuda de 2005 y 2010 por la cual se prohibía pagarles más a los buitres, por lo que se crea una igualdad de condiciones para aquellos que entraron o no a los canjes. Buena parte de la gran aceptación a la propuesta argentina se dio por incluir este artículo en los contratos.
Por lo tanto, si se negociaba con los fondos buitre antes del 31 de diciembre de 2014, fecha en que vencía esa cláusula, y se les ofrecía un monto mayor que a los bonistas reestructurados, estos últimos podrían demandar y exigir un pago igualitario. Esa puja judicial podría haber derivado en un perjuicio cercano a los U$S 500.000 millones para Argentina.
Ya sin la vigencia de la cláusula RUFO, Macri pagó U$S 9.300 millones, de los cuales U$S 2.400 millones fueron para el fondo NML Capital, del holding Elliot, de Paul Singer. Argentina le informó a Griesa que se habían cumplido las dos condiciones para levantar las cautelares: el fin de la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano y el pago a todos los demandantes con acuerdos antes del 29 de febrero.
Cláusula de acción colectiva, una nueva era
"Este desastroso antecedente cambió las reglas del panorama financiero y ahora nos pone en otra posición distinta", confiaron desde el Gobierno a El Destape. Claro, la comunidad internacional verificó que los contratos no podían continuar de la misma manera por la limitación que implicaba para los Estados en su soberanía.
La diferencia principal es que ahora se cuenta con cláusulas de acción colectiva. Esta herramienta permite que el deudor cambie las condiciones del bono si se pone de acuerdo con el 75% de los acreedores, lo cual hace igualmente vinculante la reglamentación para aquellos que no estén a favor de lo pactado.
"Esa posibilidad hace que la estrategia sea diferente y el objetivo sea terminar con una reestructuración coherente con una política de crecimiento. Es un camino estrecho", aseguró a este medio una fuente directa del Gobierno. Ese recurso marcó en gran parte el tono moderado de los funcionarios a la hora de referirse a los bonistas.
Guzmán estipula hacer una oferta formal en la segunda semana de marzo. Por su parte, El FMI ya reconoció que la carga de la deuda es insostenible y pidió a los bonistas privados que hagan una importante contribución para que la economía recupere su estabilidad.
Según el cronograma publicado, el Ministerio de Economía concluirá las conversaciones a más tardar el 31 de marzo y la llave para alcanzar el éxito es convencer a los integrantes del llamado "Grupo de los Cinco": Blackrock, Fidelity, Pimco, Templeton y Greylock; fondos que en total suman cerca del 35% de los bonos que ingresarán en la reestructuración.
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