Oficialismo y oposición mantienen una ardua la disputa en torno al juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt, y su posible falta de idoneidad para seguir integrando el tribunal. Mientras Aníbal Fernández aseguró que hay una obligación constitucional de controlar si sigue capacitado, el diputado del PRO Pablo Tonelli dijo que esto no es así.
El jefe de Gabinete recordó que la Constitución, que fue reformada por última vez en 1994, exige que se controle la "idoneidad" de los magistrados, y aclaró que él no está diciendo que "Fayt no sea idóneo sino que hay que ver si se perdió esa idoneidad en algún momento", teniendo en cuenta sus 97 años.
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"Nosotros no tenemos más elementos de los que nos cuentan, el fundamento de la Cámara de Diputados habla de indicios ciertos o semiplena prueba que den indicios para llegar a la instancia de juicio político, abriendo un sumario y ofreciendo un montón de medidas; así que, si hay elementos suficientes para un juicio político, se abrirá la etapa de prueba y, como corresponde, luego se escuchará al acusado para garantizar el debido proceso", pero "no hacemos nada de lo que no diga la legislación argentina", finalizó Fernández en diálogo con la prensa al ingresar a Casa de Gobierno.
Desde el PRO salieron a contestarle. El diputado Pablo Tonelli retrucó que "de ninguna manera, ni Fayt ni ningún funcionario tienen que dar muestras de idoneidad" para demostrar que puede seguir como integrante del máximo tribunal.
El legislador sostuvo en una entrevista con Nacional Rock que "no hay ningún indicio" para creer que Fayt no se encuentra en buenas condiciones. Y agregó: "Si el juez Fayt firmara votos disparatados o si no firmara ninguna sentencia de la Corte o no concurriera a los acuerdos, habría elementos más concretos para dudar. El solo hecho de que no haya ido a un acuerdo la semana pasada de ninguna manera constituye indicio suficiente para llevar a cabo una investigación".
Para el diputado, esta polémica generada en torno al longevo magistrado "se trata de alguna presión destinada a hacerlo renunciar y conseguir una vacante en la Corte", la cual, a su entender, puede funcionar "transitoriamente, durante un lapso breve" con solo cuatro miembros. Asimismo, recordó que la oposición impulsará que se debata en el temario de la comisión de Juicio Político la posibilidad de abrir un proceso contra tres funcionarios: el vicepresidente Amado Boudou, el canciller Héctor Timerman y la procuradora general Alejandra Gils Carbó.
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