Cromañón: 10 años con heridas abiertas

A las 22:50 del 30 de diciembre de 2004, una de las bengalas con las que el público recibió a Callejeros, incendió parte del techo del boliche Cromañón. Instantáneamente, la luz se cortó en el local de Once y un humo tóxico comenzó a invadirlo todo. La desesperación por salir se apropió de las más de 3000 personas que estaban en el local, aunque la habilitación decía que era apto para 1100. La salida de emergencia, que daba a un hotel, estaba cerrada por orden del dueño de Cromañón, Rafael Levy. Minutos antes de comenzar el recital, Omar Chabán había advertido sobre el uso de bengalas, que eran parte del "folklore del rock" hasta la tragedia.

Ayer, la sala IV de la Cámara de Casación Penal comunicó que el 13 de marzo del año que viene se realizará una audiencia para que las partes "puedan exponer en forma oral y pública sus argumentos y ejercer sus pretensiones". La medida fue tomada el 19 de diciembre, aunque los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Pedro David decidieron comunicarla en la víspera del aniversario de la tragedia. Un fallo de la Corte Suprema fue el que permitió una revisión de la condena impuesta por la sala III de Casación. El "doble conforme" indica que, en los casos donde Casación sea la que haya dictado una sentencia condenatoria (como en el caso de los músicos de Callejeros que fueron absueltos en primera instancia), debe ser revisado para garantizar los derechos de los imputados.

Los "beneficiados" por esa situación fueron Patricio Fontanet; el saxofonista Juan Carbone, el bajista Christian Torrejón y los guitarristas Maximiliano Djerfy y Elio Delgado. También alcanzó a los ex funcionarios porteños Fabiana Fiszbin, Ana María Fernández y Gustavo Torres y a la mano derecha de Chabán, Raúl Villarreal, mano derecha de Chabán. El manager de Callejeros Diego Argañaraz continua preso, ya que su recurso aún está en trámite. Eduardo Vázquez cumple una pena de prisión perpetua por el asesinato de su pareja, Wanda Taddei y el escenógrafo Daniel Cardell estaba en libertad desde agosto de 2013. Distinta es la situación de Levy: condenado en julio de 2012 a cuatro años y medio de prisión, quedó detenido hace 25 días, luego de que Casación confirmara la condena en septiembre.

¿Cómo se actúa ante una tragedia? ¿Qué deben hacer jueces, fiscales, defensores y operadores judiciales? "Dictamos la sentencia a conciencia" dijo Raúl Llanos, miembro del tribunal que condenó a Chabán a veinte años. "¿Cómo no pensar en tus hijos o tus sobrinos cuando ves las fotos en los expedientes?" se preguntaba una de las secretarias durante el debate.

Dieciséis jueces tuvieron intervención directa en las diferentes instancias judiciales desde 2004. Cuatro jueces de instrucción; la misma cantidad para el Tribunal Oral que llevó adelante los tres juicios relacionados con la tragedia; tres magistrados de la sala de la Cámara del Crimen que revisó las apelaciones y nulidades antes de los debates; y seis de las dos salas de la Cámara de Casación. Además del fallo de este año sobre las condenas, la Corte intervino en otra oportunidad: en junio de 2013 le solicitó al Tribunal Oral que decida "con la mayor brevedad posible" el traslado y el lugar Fontanet debía cumplir con su pena.

La causa recolectó alrededor de 500 cuerpos, lo que representa unas 100 mil hojas de testimonios, pericias, pruebas y fotos. María Angélica Crotto fue la jueza que ordenó el primer allanamiento a Cromañón. Días después, se tomó una licencia que se prolongaría más de un año. La subrogó el actual camarista Marcelo Lucini, que dictó los primeros treinta procesamientos: Chabán y Villarreal; los siete integrantes de Callejeros y a su jefe de seguridad; siete ex funcionarios; cinco policías; cuatro bomberos y tres empresarios dedicados a la seguridad. A fin de 2005, Lucini pidió apartarse de la causa y por tres meses, fue parte del expediente el actual juez federal Néstor Costabel. Luego, retomó la instrucción Crotto, aunque después de la elevación a juicio, se apartó por una nueva licencia médica. El resto de las actuaciones quedaron a cargo de Alberto Baños.

Al Juzgado Criminal de Instrucción N° 1 de Capital se le duplicó el personal para que pueda afrontar la cantidad de trabajo que significó Cromañón. Algunos empleados trabajaron después con el Tribunal y otros colaboraron con Casación. La Cámara del Crimen, ante la magnitud de lo sucedido, nombró a tres secretarias para que se avoquen exclusivamente a la causa, algo que sólo se implementó en la causa que investigaba las irregularidades del expediente por el atentado a la Amia. Una de ellas fue la actual fiscal federal de juicio Sabrina Namer.

El juicio duró un año, 102 audiencias donde se escucharon 345 testigos. Un equipo especial fue designado por el entonces Procurador General de la Nación, Esteban Righi: al fiscal Jorge López Lecube se le sumaron como fiscales coadyuvantes Alejandra Perroud y Fabián Céliz. Cuatro querellas representaron a las familias de las víctimas y a los sobrevivientes. La sentencia del Tribunal Oral Criminal 24, realizada por los jueces Maria Cecilia Maiza, Marcelo Alvero y Raúl Llanos tiene 2451 páginas, sólo comparable con las dictadas en las causas de lesa humanidad o en la absolución masiva por las coimas en el Senado.

El 3 de marzo de 2011, el juez Baños decidió archivar la causa donde se intentaba determinar quién fue el que tiró la bengala contra el techo de Cromañón. "Se compulsaron todos los testimonios como los más de mil quinientos legajos de heridos" dijo el magistrado. Tras siete años de investigación, no se logró individualizar al autor ni contar con elementos para continuar la causa.

Cuatro años antes, en septiembre de 2007, Casación había confirmado que el jefe de Gobierno Aníbal Ibarra no era culpable de las muertes ocurridas en Cromañón. La juez Crotto lo había sobreseído sin indagarlo. La misma situación se repitió cuando se quiso avanzar en un supuesto actuar negligente en el rescate y atención a las víctimas. En 2010, esta posibilidad se diluyó: "los funcionarios actuaron en la medida de las posibilidades que las características de la tragedia les permitió" sostuvo Casación.

Chabán murió el 17 de noviembre de 2014 por un cáncer que afecta el sistema linfático: linfoma de Hodgkin. Estaba internado en el hospital Santojanni, ya que le habían dado la prisión domiciliaria en 2013. Estuvo preso en tres ocasiones. Los primeros 165 días en la cárcel de Marcos Paz fueron automáticamente después de la tragedia. La sala V de la Cámara del Crimen ordenó su libertad. Meses después, Casación revirtió la situación. Estuvo más de dos años con prisión preventiva cuando finalmente le otorgaron la excarcelación.

Cuando confirmaron su condena (que finalmente fue a diez años y nueve meses), volvió a Marcos Paz. En una práctica habitual para lo que es el Servicio Penitenciario Federal actual, fue maltratado. Su enfermedad fue extrañamente mal diagnosticada. Fue tratado como si tuviera tuberculosis y la medicación que se le dio agravó su cuadro, hasta que finalmente se le detectó cáncer. El Cuerpo Médico Forense redactó a mediados de 2013 un informe fundamental, donde sostuvo que Chabán estaba atravesando "los últimos momentos de su vida".