La ex Presidenta Cristina Kirchner apeló dos procesamientos ordenados por el juez Claudio Bonadio por presuntos subsidios irregulares a empresas ferroviarias y de transporte público automotor, al acusarla de cohecho, administración fraudulenta y ser la jefa de una asociación ilícita. Este doble procesamiento con prisión preventiva derivó del expediente de las fotocopias de los cuadernos de Centeno, tras la declaración de tres empresarios arrepentidos.
Para el porcesamiento del 19 de marzo del corriente año, Bonadio se basó en las declaraciones de Sergio Tasselli, Benjamín Gabriel Romero y Aldo Benito Roggio en su carácter de arrepentidos en la causa de las fotocopias de los cuadernos, de quienes "sólo se transcribieron partes de estas supuestas confesiones", según indica la apelación al procesamiento. Éstas nunca involucraron a la ex Presidenta en un "presunto sistema de recaudación ilegal - a empresas ferroviarias - por parte del ex Ministerio de Planificación Federal".
Por esta falta de transcripción de las "confesiones", la defensa de CFK, en manos de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, enfatizó "que todo lo actuado en el marco de la “causa de las fotocopias”, de la cual se nutre este nuevo expediente, resulta insanablemente nulo, por haberse vulnerado múltiples garantías constitucionales" en el proceso.
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Según explicaron, "se calificaron como verídicos los supuestos dichos de los arrepentidos y sin siquiera llevar a cabo una mínima investigación tendiente a corroborar si esos presuntos pagos ilegales efectivamente se llevaron a cabo, cuándo y con qué fondos".
Para el juez, “la mayor parte de esa recaudación organizada por (Ricardo) Jaime, (Juan Pablo) Schiavi y (Julio) DeVido, terminaba en los ex titulares del Poder Ejecutivo Nacional, Néstor CarlosKirchner y Cristina Elisabet Fernández”. Sin embargo, los tres empresarios arrepentidos nunca indicaron que los supuestos pagos para mantener sus concesiones estuvieran destinados a la pareja presidencial, según resaltó la apelación.
En tanto, el caso de subsidios a colectivos surgió por una nota publicada por el periodista Diego Cabot en 2014, tal como plantearon en la apelación. En ese texto se aseguró que varias empresas de colectivos recibieron subsidios millonarios sin justificación, con declaraciones juradas en las que presentaban más kilómetros recorridos que los realmente transitados.
Si bien en cinco años de investigación nunca se mencionó a CFK como partícipe de esa supuesta operatoria, Bonadio la procesó. La defensa de la ex Presidenta manifestó que el argumento del Juez es que "no existe un solo elemento de prueba que demuestre que los titulares de las empresas de colectivos realizaron pagos ilegales para obtener subsidios indebidos, pero como algunas empresas ferroviarias habrían pagado coimas, es válido deducir que todas las empresas de colectivos también lo hicieron".
Además, el magistrado no pudo "precisar su monto, quién los realizó, en qué lugar, cuándo, con qué propósito ni quién habría sido su receptor. No obstante ello, las coimas presumidas también fueron imputadas a la ex Presidenta de la Nación", manifestó la apelación.
Finalmente, los abogados destacaron que para Bonadio la maniobra defraudatoria terminó en 2014, cuando la Secretaría de Transporte pasó a depender del Ministerio del Interior y Transporte, a cargo de Florencio Randazzo, con la colocación de dispositivos GPS en las formaciones. Por este motivo, este acto "habría cesado a partir de las decisiones políticas de la propia Cristina Fernándezde Kirchner" pero se la procesó de todos modos.
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