Los más de 20.000 clubes de barrio de todo el país se enfrentan a las políticas de un gobierno que cada vez aprieta más con tarifazos y ajuste. 4.000 entidades corren serio riesgo de cierre. El caso emblemático del medio millón y los mecanismos macristas para dejar a los clubes a la deriva.
- Esta nota corresponde a la serie "La crisis de los clubes de barrio". Leé la primera parte haciendo clic acá
Los tarifazos de los servicios públicos, el transporte y los combustibles no sólo afectan a millones de familias, también golpea por duplicado a los clubes de barrio, que no sólo reciben tarifas impagables, sino que también sufren la baja de los socios que ya no tienen los recursos para asistir.
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La situación se replica en miles de puntos del país, como Santa Fe, Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires, donde los clubes corren peligro.
El caso más emblemático es el de Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, que recibió una factura gas por la catastrófica suma de $432.922 en los últimos días de 2018. De ese importe sólo unos $183.000 corresponden al consumo real de la institución; el resto (más de $250.000) son intereses de una deuda con Litoral Gas que creció frente a la imposibilidad de pagar las boletas de meses anteriores, cuyos montos fueron de $85000, $136000 y $112000.
Otros clubes, como el Club Atlético Libertad de Rosario o Sportivo Juventud Unida de Mendoza recibieron durante el año pasado, facturas de entre $70000 y $30000.
Los tarifazos que ahogan y las leyes que no se cumplen
El símbolo más claro de la desidia estatal es la desprotección frente a los tarifazos a la que son sometidos los clubes por parte del gobierno de Macri, que utiliza todos los vericuetos legales para no cumplir con las leyes que los amparan.
Las instituciones barriales, aquellas donde comenzaron deportistas como Emanuel Ginóbili, Diego Maradona, Diego Simonet, Luciana Aymar o Paula Pareto, deberían estar contenidas por la ley 27.098 de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo, que establece un régimen de tarifas sociales para los servicios públicos, sin embargo, desde su sanción en 2014 nunca fue reglamentada.
La llegada del Cambiemos y su batería de aumentos en 2015 también derivó en la ley 27218, la cual indica un tarifario especial para entidades de bien público. No obstante, el por entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren expidió una resolución argumentando que los clubes tienen un régimen propio, el de la ley que el propio Gobierno se niega a reglamentar. Para Pacín es “una doble cachetada”.
“Hemos hecho varios pedidos de informes a través de diputados de distintos bloques y la respuesta de Marcos Peña fue que era de difícil reglamentación. Pero la ley de ajuste previsional se reglamentó en una semana. Es una decisión política”, reclama.
El impacto de los tarifazos se hace insostenible y afecta alrededor del 90% de los recursos económicos de los clubes, según explica Juan Ignacio Bruera, secretario del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio y afines. El constante aumento de las tarifas agrava la situación mes a mes y desde el Observatorio estiman que el 50% de los clubes enfrenta deudas por más de $150.000, mientras que el 20% (unas 4000 entidades) acumula compromisos impagos por más de $3000 y no puede cumplir con los planes para ponerse al día. “hay clubes que desistieron de tener pileta en verano por los gastos”, resalta Bruera.
Las cuotas de un club de barrio oscilan entre los $50 y $100 por persona, “es imposible con ese ingreso abonar las tarifas”, pero los barrios resisten “ante todo embate político” apelando al ingenio: “Hacemos una cena o se vende una rifa para pagar una parte de la luz”.
Mientras el Gobierno sigue sin prestarles atención desde la Confederación y el Observatorio se evalúa la presentación de un amparo para que se cumplan las leyes que protegen a las ocho millones de personas que le dan vida a los clubes.
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