La Fiscalía de San Pablo presentó una denuncia contra el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, acusándolo de lavado de dinero y falsedad ideológica, en relación al tríplex del condomonio Solaris, en Guarujá, cuya propiedad se le adjudica en el marco de la investigación conocida como Lava Jato y por la que fue llevado a declarar el pasado viernes.
La acusación fue presentada en el Foro Criminal de Barra Funda, San Pablo, por los fiscales Cássio Conserino y José Carlos Blat, quienes afirman que Lula intentó ocultar la propiedad del inmueble, que oficialmente está registrado a nombre de la empresa contratista OAS, informó el portal del diario O Globo.
Lula está acusado de haber recibido dádivas de parte de empresas contratistas de Petrobras, en medio de una mega causa de corrupción que tiene bajo sospecha a todo el sistema político brasileño, oficialismo u oposición.
Previo a esta presentación, el ex presidente se reunió con la mandataria Dilma Rousseff y con ministros y legisladores de la coalición gobernante, con la firme intención de unir las bases ante la crisis política. Allí, el ex presidente entre 2002 y 2010 les explicó su situación judicial y pidió a su espacio y al aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) unidad frente a la crisis política.
Asimismo, se descartó que Lula vaya a formar parte del gabinete de Dilma como una forma de obtener fueros que lo protejan de la avanzada judicial. Lula comentó durante el encuentro en Brasilia que se considera "perseguido" por el juez, mientras dirigentes del PT declararon que ese magistrado responde a los intereses de la oposición.
El viernes, cuando Lula fue llevado a declarar, los mercados reaccionaron con euforia. El índice Bovespa subió casi 5 por ciento y el real se apreció ante el dólar más del 2 por ciento en un día. Al mismo tiempo, el opositor PSDB reclamaba por boca de varios de sus funcionarios que se lleve adelante el juicio político contra la actual presidenta, Dilma Rousseff.
Por la causa Petrolao, Marcelo Odebretch, presidente de la constructora que lleva el mismo nombre, fue sentenciado a 19 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.
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