El Gobierno nacional defaulteó la deuda en pesos y dólares, al menos temporalmente, por no contar con suficiente capital para hacer frente al pago de los acreedores y al financiamiento de la fuga de divisas. Buenos Aires se encuentra en una idéntica situación pero sólo por las obligaciones que asumió en estos años María Eugenia Vidal con inversores internacionales. Quien gane las elecciones bonaerenses deberá enfrentar vencimientos por más de U$S 9.000 millones en cuatro años, que equivalen a un 60% más de lo que debió asumir la actual mandataria en 2015. Todo esto en una provincia que no recauda billetes estadounidenses.
Vidal, quien gustó desfilar por canales con televisivos su latiguillo de que recibió “una provincia quebrada”, dejará un legado digno de ese término. No sólo incrementó la deuda pública, sino que además los cambió de manos (de organismos estatales a tenedores privados), acortó los plazos de los bonos y elevó la participación de la nominada en dólares. Estos cuatro desafíos deberá tener en cuenta el equipo económico del siguiente gobernador, que el apabullante resultado de las primarias indica se tratará del de Axel Kicillof.
El stock del pasivo era de U$S 9.362 millones a diciembre de 2015 y llegó a U$S 11.959 millones en marzo de este año. Aquí se denota el aumento en la deuda, pero también la modificación de los beneficiarios desde el Estado nacional a inversores del mercado, con quien resulta menos sencillo entablar negociaciones en términos favorables.
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Este crecimiento de las obligaciones totales se explicó principalmente por la colocación de títulos públicos en moneda extranjera bajo legislación externa (U$S 5.090 millones). En el mercado local y en dólares emitió U$S 745 millones, en pesos el equivalente a U$S 856 millones y por el efecto cambiario de monedas subió U$S 47 millones. Se le restaron a este monto U$S 2.655 millones por devoluciones de créditos al Gobierno central, U$S 1.268 millones por amortizaciones en las plazas foráneas y U$S 218 millones se le pagaron a organismos multilaterales. Salta a la luz en un análisis de los números finos que Vidal multiplicó por 88% el total la deuda tomada en el extranjero desde los U$S 4.533 millones que había en 2015.
Lo más relevante trata del achicamiento de los plazos de los papeles. La mandataria provincial dejará obligaciones por U$S 9.234 millones que vencerán en la próxima gestión. Cuando asumió, había heredado de Daniel Scioli deuda para el período 2016-2019 por U$S 5.776 millones. Es decir, que Hernán Lacunza al frente del Ministerio de Economía local hizo crecer en un casi U$S 3.500 millones los vencimientos de capital e intereses programados que los que entregó su antecesora, Silvina Batakis.
“A nivel nacional la vida promedio de la deuda pública pasó de 7,8 años en 2015 a 7,2 años en el primer trimestre de 2019, mientras que en la Provincia la vida promedio se acortó aún más: de 5,4 años en 2015 a 3,5 años a marzo de 2019”, apuntó IDESBA en su último informe. En 2020, el primer año del nuevo gobierno, vencerá el equivalente a $ 125.530 millones; en 2021, $ 114.092 millones; en 2022, $ 96.342 millones; y en 2023, $ 98.822 millones.
No debe pasar por alto la nominación extranjera del grueso de la deuda que le entregará Vidal al siguiente mandamás. Mientras recibió una provincia con el 20% de su pasivo en dólares, ella dejará sus funciones habiendo invertido el porcentaje: elevó al 80% el stock en verdes.
Este desafío final se encuentra con un problema aún mayor: ningún Estado recauda en divisas, a excepción del nacional. Los ingresos de Buenos Aires son exclusivamente en pesos, por lo que deberá contar con la venia para comprarlas en el mercado mayorista de parte del siguiente Presidente, que será Alberto Fernández si repite o mejora el resultado de las PASO.
Incluso si cuenta con ese aval, el nuevo gobernador no podrá enfocarse en atender todos los incendios sociales que herede de Vidal, ya que deberá destinar una porción sustancial de sus recursos presupuestarios en afrontar la deuda que le deje Cambiemos. Mientras que la mandataria local actual hubiera podido saldar todos los vencimientos de su gestión con sólo el 30% del presupuesto de 2016, a la siguiente administración no le le alcanzará el 50% de todos los gastos autorizados de 2020 para pagar el pasivo que le entrega.
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