En el marco de la sangría de reservas del Banco Central (BCRA) y la impresionante fuga de capitales, en el último mes, salieron de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) más de $ 200.000 millones. La incertidumbre económica generada por el Gobierno profundizó el resquebrajo del sistema financiero y la estrepitosa caída se explicó por un rescate masivo de las cuotapartes y un derrumbe en la cotización de los activos.
De acuerdo a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, el resumen patrimonial al 31 de julio alcanzaba los $ 854.572.474.709. Sin embargo, los números del cierre de agosto arrojaron un dato muy preocupante.
El último dato disponible arroja un balance patrimonial de $ 634.825.634.890. Es decir, en apenas un mes, se fueron de estos fondos $ 219.746.839.819. Pero lo más preocupante
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Por las últimas medidas aplicadas por el Gobierno, los FCI se vieron gravemente perjudicados por la normativa, ya que no cobraran las letras tanto en pesos y en dólares en línea con lo esperado. A partir de ello, se teme rescates de fondos sobre tales productos.
Aquel inversor que haya realizado suscripciones a fondos comunes de inversión que están invertidos en Letras y bonos argentinos, probablemente deba esperar para poder recibir los fondos inicialmente invertidos. Esto genera una traba no solo para las personas físicas respecto de sus ahorros, sino también a las empresas y Pymes que utilizan estos productos para hacer frente a sus obligaciones de negocio diario.
Como los inversores se pueden ver incentivados a rescatar sus tenencias en los fondos comunes de inversión, el gestor del fondo debe desarmar posiciones dentro de su cartera para poder hacerse de liquidez y responder con el rescate. El problema se da en que, si esto ocurre en forma generalizada, la liquidez en el mercado se reduce y dificulta que los gestores puedan hacerse de esa liquidez y complique a la gestora a poder entregarle la suma invertida.
El temor más importante que se percibe en los gestores, principalmente bancarios, radica en que, si no se cumple con la entrega del dinero en tiempo y en forma, esto termine empujando a otros problemas más sistémicos en el sistema financiero.
Otra arista que dejó la nueva reglamentación del Gobierno fue que la ANSES participó en todas las licitaciones de los bonos defaulteados para cubrir las necesidades de dólares y pesos del Ejecutivo, principalmente en las de las últimas semanas. Más aún, el miércoles en el que se declaró el “reperfilamiento” y los títulos cotizaban a precio de default.
El mayor acreedor de este segmento es el Fondo Garantía de Sustentabildiad, que de acuerdo a un análisis provisorio, cuenta con $ 315.000 millones a los precios de mercado del 26 de agosto.
Cerrar sesión